El Boletín Oficial del Estado recoge este sábado la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre. La medida, cuya entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio. La decisión gubernamental fue anunciada este viernes por el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, quien ha explicado que se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre", algo que ya fue rechazado por el tribunal Constitucional al anular las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum. Según Méndez de Vigo, el control de las cuentas autonómicas se justifica en que, pese a la prohibición de destinar dinero público a la organización del referéndum, los responsables del gobierno autonómico han anunciado su voluntad de seguir adelante con su celebración. "Si un Gobierno quiere utilizar el dinero para otras cosas que, además, son ilegales, tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes", ha subrayado. Además, ha hecho hincapié en que existe "derecho" a "saber que nadie utiliza ese dinero de todos para algo que es solamente la pretensión de unos pocos" y en que se trata de una medida "preventiva" en favor de la "seguridad y bienestar" de los catalanes "para garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a prestar los servicios públicos esenciales y no un referéndum ilegal". Aún así, fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que el objeto de la medida no pretende en ningún caso la suspensión de las transferencias del FLA a Cataluña --cuyas condiciones seguirán siendo las mismas-- sino que hace hincapié en la necesidad de que los funcionarios y trabajadores de la Generalitat de Catalunya informen de cada una de las facturas y gastos aprobados por el gobierno autonómico. Según el documento publicado este sábado en el BOE, se trata de un mecanismo que ya está previsto en la normativa del FLA y que contempla la posibilidad de reclamar a las comunidades autónomas "la remisión adicional de determinada información" por razón de "cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad", algo que Hacienda considera necesario "a la vista de las nuevas circunstancias" en la región. INFORME SEMANAL Y RESPONSABILIDADES EN CASO DE FALSEDAD

Así, la nueva medida impone la obligación de remitir, en lugar del informe mensual que se reclamaba hasta ahora, un informe de manera semanal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo menos hasta que "desaparezca la situación de riesgo para el interés general" de los catalanes. El mecanismo puesto en marcha implica que los interventores de las respectivas consejerías y las entidades sometidas a función interventora, así como los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat deberán elaborar un informe detallado de todos los pagos realizados que deberán enviar al interventor general de la comunidad autónoma. "Cada uno de los citados responsables certificarán, en los modelos y con las particularidades que, de acuerdo con las competencias de cada uno de ellos, determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum", señala el BOE. Con todos estos datos, el interventor general remitirá todos los miércoles el certificado final al ministerio con los certificados individuales en el anexo. Además, desde Hacienda explican que la falsedad en las facturas o pagos acreditados en dichos informes podría suponer la exigencia administrativa de responsabilidad "contable y/o penal" a los funcionarios encargados de certificarlos, como responsables por el uso de recursos públicos para "financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales", independientemente de si estos fondos proceden o no del FLA. Además, Hacienda reclamará una certificación similar para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que será remitido el 9 de agosto de 2017.