El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha informado hoy de que la Guardia Civil intensificará su presencia en los controles de seguridad de El Prat para garantizar el orden y la seguridad en esta infraestructura ante la huelga indefinida convocada para el lunes por los empleados de Eulen.

Nada más conocerse la noticia, las asociaciones de guardias civiles han recordado que, si no se hubiera privatizado la seguridad, antes en manos de este cuerpo, ahora no tendrían que adoptarse medidas de urgencia como la decidida hoy.

Y se remiten a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, respecto a las competencias exclusivas de la Guardia Civil, dice sobre su incumbencia: "La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran."

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insiste, en un comunicado, en que ya avisó de las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios.

"Ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva", añade.

Para AUGC, la medida supone "un problema de gestión", puesto que la plantilla de la Guardia Civil "se encuentra bajo mínimos y, además, las funciones de control en aeropuertos debe llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de AENA".

La asociación no está dispuesta a aceptar que "sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral" de los vigilantes, con quienes se solidariza.

Desde la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), su presidente, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado, en declaraciones a Efe, su defensa de los servicios públicos y su "firme oposición a suprimir puestos de trabajo que venían ocupando" los agentes del instituto armado.

Rodríguez es tajante: "De esos polvos, esos lodos", en alusión a la privatización de la seguridad. A su vez, exige al Ejecutivo que "se ponga las pilas" y reponga e incremente los efectivos de la Guardia Civil en aeropuertos y cárceles.

Mientras, desde la Unión de Oficiales (UO), su portavoz, Jesús Martín Vázquez, pide al Gobierno que se acuerde de la Guardia Civil "no solo para cumplir con su obligación", porque llevan "muchísimo tiempo demandando la equiparación salarial y sigue sin llegar".

"No tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que reforzar lo que otros no hacen", añade Martín Vázquez a Efe antes de concluir: "Mucho te quiero perrito, pero de comer, poquito".

El presidente de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, ha reconocido a Efe que, si hay un problema de orden público, el Gobierno debe actuar y ha recordado que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y, de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen.

Ramírez Trejo ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el orden y en la conveniencia de separar este conflicto laboral de la situación política de Cataluña.

Ayer y antes de la decisión, ya se pronunció la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó que el Ministerio del Interior recurra a sus servicios "de nuevo" para "dar una solución" a los paros, que considera "un conflicto laboral de dos empresas privadas".

También reprochó que, a pesar de ser el cuerpo de seguridad del Estado "peor pagado" y "peor tratado", Interior les pida intervenir en un conflicto entre dos sociedades privadas, lo que previsiblemente les hará "sufrir las iras" de unos trabajadores que ven a los guardias civiles como "enemigos".