Se trata de un paso decisivo en el objetivo del Govern de convertir a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en una verdadera Hacienda catalana, aunque estas competencias ya están previstas en el marco autonómico, y de hecho comunidades como Canarias, Asturias, Baleares, Murcia o Navarra se hacen cargo desde hace algunos años de estas funciones.
Aunque el Govern asumirá mañana la liquidación y recaudación plena de estos impuestos, la atención al público arrancará el lunes, cuando se han habilitado 32 oficinas repartidas por toda Cataluña para atender a la ciudadanía, han precisado a Efe fuentes del departamento de Economía de la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ofrecerán el lunes una rueda de prensa que supondrá la puesta de largo de la nueva fase de la Agencia Tributaria de Cataluña, todo ello a poco menos de un mes del referéndum de autodeterminación anunciado para el 1 de octubre.
No obstante, este proceso ha generado el malestar de los registradores de la propiedad, que han presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra la Agencia Tributaria de Cataluña por incumplir el convenio sellado con este colectivo para prestar este servicio, que vencía el 31 de octubre.
Frente a las advertencias de los registradores, que han denunciado en varias ocasiones que el traspaso se ha hecho de forma precipitada, la Generalitat sostiene que está preparada para asumirlo con garantías y que este servicio pasa a ser público.
Actualmente, la ATC dispone de unas 700 personas en plantilla, que serán unas 800 a finales de año, y en los últimos meses ha integrado a 220 personas que hasta ahora trabajaban para los registradores liquidando estos mismos impuestos, el 80 % del total del personal contratado por los registradores para realizar esta tarea.
Para suplir el servicio que prestaban los registradores, con 53 oficinas repartidas por toda Cataluña, la Generalitat ha habilitado una red de 32 oficinas, 19 de las cuales son propias (las cuatro delegaciones provinciales de la ATC y 15 oficinas más) y 13 más compartidas con entes locales.
El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha explicado en varias ocasiones que el acuerdo con los registradores costaba unos 27 millones de euros al año al Govern y que la Agencia Tributaria de Cataluña, embrión de la Hacienda propia que pretende crear el Gobierno catalán, puede asumir perfectamente estas tareas.
La Generalitat ingresó el año pasado 2.880 millones de euros por los impuestos que gestiona, lo que supone un 5,93 % más que en 2015, gracias principalmente a la buena evolución del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Transmisiones patrimoniales, que grava la compra de una vivienda o un vehículo de segunda mano, aportó el año pasado 1.652,9 millones, un 12,14 % más, por el tirón del mercado inmobiliario, mientras que el de sucesiones y donaciones generó unos ingresos por valor de 464,6 millones, un 4,10 % menos, por la menor aportación de la modalidad de sucesiones.