El Gobierno central puso en marcha en julio controles especiales sobre las cuentas catalanas para evitar que la consulta convocada para el 1 de octubre se financiara con dinero público, exigiendo informes semanales de gastos, en lugar de los mensuales habituales.

En una carta remitida al ministro Cristóbal Montoro fechada el miércoles, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, dijo que ese refuerzo de fiscalización suponía un "control político" "incompatible" con la convocatoria del referéndum y no guardaba además relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

"Por esta razón, el Gobierno de la Generalitat ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual se exime y dispensa a los responsables pertinentes la remisión de la información requerida", dijo en la carta Junqueras, también consejero de Economía y Hacienda de Cataluña.

La misiva añadió que el compromiso de la Generalitat con la estabilidad presupuestaria y financiera se mantenía inalterable, y dijo que compartía con el Ministerio la necesidad de seguir colaborando en estos aspectos.

Montoro dijo a finales de agosto que el Ejecutivo catalán no había gastado hasta ese momento "ni un euro" de su presupuesto en una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional y advirtió de que las políticas secesionistas catalanas estaban amenazando la recuperación.

Desde 2012, cuando el Estado puso en marcha mecanismos de financiación para las regiones, Cataluña ha recibido de los diferentes instrumentos de liquidez casi 70.000 millones de euros, de los que más de 23.000 millones de euros se han pagado directamente a proveedores.

Las agencias de rating han advertido de que un agravamiento de las tensiones sería negativo para la calificación de la deuda catalana, ante el riesgo de perder el apoyo financiero de Madrid, y tampoco sería buena noticia para el rating de España, ya que Cataluña supone en torno a una quinta parte del PIB nacional.