Así lo ha explicado hoy el portavoz del gobierno autonómico, Josu Erkoreka, en la comparecencia de prensa en la que ha detallado el informe actualizado de transferencias sin traspasar a Euskadi que ha remitido hoy a la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santa María, y a la Cámara vasca, en el que hay seis nuevas competencias no incluidas en documentos anteriores.
Entre ellas destacan la Inspección de Trabajo y aspectos relacionados con la inmigración, aunque las prioritarias siguen siendo Prisiones y Seguridad Social, recogidas ambas en el programa de gobierno pactado con su socio, el PSE-EE.
Erkoreka ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo central incumple el Estatuto de Gernika y "cuestiona la capacidad de Euskadi para autoorganizarse".
El portavoz también ha desvinculado la negociación que puede abrirse con el Estado en torno a las transferencias del posible apoyo del PNV a los presupuestos generales de 2018, cuestión que ha dejado claro que queda en manos de los partidos, al tiempo que ha reconocido que la situación política en general "es complicada".
Ha insistido en que el gobierno vasco no participa en la negociación presupuestaria y que, por tanto, "no es quien para fijar condiciones". Ha subrayado, además, que el cumplimiento de una ley como es el Estatuto de Gernika "no debería estar subordinada a negociaciones coyunturales".
El informe, que será el "documento que guíe" las negociaciones que Euskadi quiere abrir con el gabinete de Mariano Rajoy, recoge un total de 37 competencias sin transferir.
En el área de Seguridad Social, Erkoreka ha reconocido que es una cuestión compleja y ha explicado que el gobierno vasco aboga por la "unidad de caja, pero sin romper la caja única".
Según ha señalado, "la caja única sólo admite un cajero, y la unidad de caja es compatible con muchos cajeros (uno de ellos el Gobierno Vasco), que gestionan el mismo régimen económico con las mismas reglas para todos".
Ha exigido al Gobierno central que "no confunda deliberadamente ambos conceptos" y ha indicado que Euskadi aspira a ser uno de esos "cajeros", lo que le permitiría una "gestión más próxima y más eficaz" y contar con nuevos recursos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Así, en este área el gobierno vasco pide asumir funciones de "gestión y administración de las prestaciones económicas de la Seguridad Social", incluyendo la potestad sancionadora y la función inspectora.