La R-2 es la única de las autopistas quebradas ante cuya liquidación el Estado no tiene responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, no está obligado a pagar a los actuales concesionarios de la vía por la inversión que realizaron para construirla.

Así lo indicaron a Europa Press en fuentes del sector, que explicaron que el contrato de construcción y explotación de la autopista que se firmó en su día no incluyó RPA porque entonces no se estimó necesario.

Este hecho, y la mejora de los tráficos que las autopistas están registrando en los últimos años, ha llevado a los 'fondos buitre' acreedores a intentar mantener y gestionar ellos mismos la R-2 y evitar que Fomento la 'rescate' junto con el resto de vías el próximo 18 de enero.

Para ello, los fondos aseguran que presentarán 'in extremis' una propuesta de viabilidad para la autopista este martes, 26 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la junta de acreededores del proceso concursal en que la vía está inmersa desde diciembre de 2013.

Se trata de la última fase del concurso, en la que si no se logra respaldo de los acreedores, se dicta la liquidación, tal como, según distintas fuentes, se espera que ocurra.

"Se trata de una propuesta muy atractiva, que no tendrá impacto en el déficit, permitirá salvar los empleos y garantizará la explotación de la autopista", indicaron a Europa Press fuentes próximas a los fondos, que también argumentan que el Estado se evitaría además los litigios judiciales que surgirán tras la liquidación de las vías.

A pesar de que los fondos aseguran que la propuesta se plantea junto a la concesionaria de la autopista, fuentes de esta sociedad consultadas por Europa Press aseguran que la "única propuesta realizada por la concesionaria es la que en su día presentó como convenio de acreedores", la que se vota en la junta del martes. La concesionaria de la R-2 es una sociedad participada por Abertis, ACS y Globalvía.

Los 'fondos buitre' titulares de su deuda admiten, no obstante, ser "pesimistas" ante el hecho de que se acepte su plan y logren 'arrebatar' la R-2 a Fomento.

A ello se suma el hecho de que, en virtud del procedimiento concursal, en las juntas de acreedores no se presentan propuestas, sino que se votan las planteadas con determinada antelación.

DESAJUSTARÍA EL PLAN DE FOMENTO

La exclusión de una de las autopistas desajustaría el plan de 'rescate' diseñado por Fomento, que pasa por asumir las autopistas una vez estén todas en liquidación, explotarlas durante un año, manteniendo sus plantillas de trabajadores, y volver a ceder su explotación empresas privadas a través de un concurso.

Este proyecto se vería afectado sobre todo si la que se pretende excluir es una de las vías más rentables, una vía ante la que no tiene que pagar RPA.

Además, a pesar de reconocer que el rescate afectará al déficit público del próximo año y de que su 'factura' acabará fijándola los tribunales, Fomento prevé atender gran parte de la RPA que generen todas las vías con lo que obtenga de relicitarlas.

Este importe se añade al que Fomento calcula que le generará la explotación del conjunto de las autopistas durante 2018, ingresos de unos 104 millones de euros y un beneficio de unos 34 millones.

Todas las autopistas quebradas están recuperando sus tráficos. En el caso de la R-2, de 63,3 kilómetros de longitud, lo disparó un 9,79% durante los cinco primeros meses del año, cuando contabilizó unos 5.306 vehículos al día, según los últimos datos de Fomento.