La Unión Europea cuenta con poder abrir la primera convocatoria de proyectos hacia finales de este año o principios de 2018, después de que la iniciativa haya cumplido el proceso de adopción en una reunión de ministros europeos en Luxemburgo.
La financiación comunitaria, que Bruselas y la Eurocámara han pedido que ascienda a los 120 millones para los dos primeros años de actuación, tendrá que distribuirse de manera "geográficamente equilibrada" entre las localidades, teniendo en cuenta el orden de petición. La Comisión fijará los criterios exactos de selección y gestión del sistema.
Se podrán beneficiar puntos públicos en los que "no exista ya una conexión a Internet, pública o privada, similar, para evitar que se duplique el servicio", según ha explicado la ministra de Empresa y Tecnología de la Información de Estonia y presidente de turno de la UE, Urve Palo.
Los organismos públicos que deseen optar al programa deberán cubrir los costes operativos durante al menos tres años y facilitar una conexión gratuita, fácilmente accesible y segura.
Además, no podrá aparecer publicidad comercial ni se permitirá el uso de los datos personales para fines comerciales. Tampoco podrán obtener financiación aquellas iniciativas que dupliquen sistemas ya establecidos en la misma zona, sean públicos o privados.