Además de a estos tres investigados por sedición, la juez ha interrogado por videoconferencia a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que ha acordado las mismas medidas cautelares que para Trapero: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.

La Fiscalía había pedido para ella prisión bajo fianza de 40.000 euros, mientras que para Trapero la pidió sin fianza como para los presidentes de ANC, Jordi Sánchez; y de Omiunm, Jordi Cuixart, los únicos a los que finalmente la juez ha enviado a la cárcel con carácter provisional. Nada más conocer su ingreso en prisión, representantes de ANC y Omnium han anunciado movilizaciones de protesta en Cataluña para mañana a las 12.00 y a las 19.00 horas. Para denegar la prisión de Trapero, la juez ha explicado en un auto que por el momento no puede vincularle con el asedio a la Guardia Civil de los días 20 y 21 de septiembre durante un registro en la Consejería de Economía en una operación policial para impedir el 1-O. En esa resolución, la juez deja claro que la investigación se circunscribe hasta el momento a ese episodio, ya que hasta la fecha son los únicos denunciados por la Fiscalía, sin que hayan sido objeto de ampliación. La actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación", advierte Lamela. De hecho, destaca que existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia independentista como es el contenido del documento EnfoCat hallado en el domicilio del 'número dos' de la Consejería de Economía, Josep María Jové Lladó, arrestado en la operación policial en la que se produjo el asedio. A Sánchez y Cuixart, la juez les asigna un papel más activo, el de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes". Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, "ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas", y también observa "alta probabilidad" de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba. Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas ese día para promover el asedio frente a la Consejería, también "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales". También recuerda la actuación de Cuixart en Badalona (Barcelona) el 25 de septiembre después de que la Guardia Urbana hubiera incautado unos carteles en apoyo al 1-O que se hallaban en el interior de un vehículo. Ese día Cuixart y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles a lo que estos se negaron, por lo que el líder de Omnium y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido" e impidieron a los agentes recuperarlo. Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata como que desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la "protección" de sus gobernantes con consignas como "para parar a la Guardia Civil". Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo. "Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (...) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones", indica el auto. Con ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución". La juez apunta a Cuixart y Sánchez como los "interlocutores" de las movilizaciones, pero sin que aceptaran las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni que trataran de desconvocar o diluir esas concentraciones. En este sentido recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Consejería de Economía: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Del mismo modo, señala que el líder de Omnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a "la movilización permanente".