Esta auditoría forma parte de los estudios previos necesarios para la relicitación de dichas autopistas que está previsto que reviertan al Estado el próximo año y que posteriormente vuelvan al mercado a través de una nueva licitación.

Los contratos licitados previamente incluían la elaboración de un estudio de demanda, de diferentes esquemas tarifarios y de un estudio de viabilidad económico-financiera de las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, de la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-41 (Madrid-Toledo), AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.

Estas autopistas pasarán a ser explotadas por Seittsa entre enero y abril del próximo año y con los ingresos que se logren mediante su relicitación el Ejecutivo prevé compensar en parte el impacto que tendrá el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración que corresponda .

En el plan presupuestario para 2018 remitido por el Gobierno a Bruselas, se detalla que el gasto en inversiones se verá afectado por la cobertura por importe de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje en concurso de acreedores y que se estima se hará efectiva a principios del año que viene.

Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.