Puigdemont y sus 13 consejeros, cesados el pasado viernes, tenían que responder en calidad querellados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. La decisión la tomará la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también evaluará la petición de prisión incondicional de la Fiscalía contra ocho de los nueve exconsejeros que declararon en medio de una gran expectación mediática y el apoyo de miembros de las fuerzas independentistas. Una euroorden haría prácticamente inviable que Pugidemont se presentara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, convocadas por el Gobierno central el pasado viernes tras destituir a todo el Ejecutivo catalán y disolver el Parlamento regional. El abogado del exmandatario catalán dijo que no había ido a Madrid a declarar porque "el clima no era el adecuado", pero se mostró abierto a colaborar desde Bruselas tanto con las autoridades españolas como con las belgas por los cargos relacionados con el proceso que llevó a la declaración de independencia del 27 de octubre. "Constatado además que los querellados ausentes se encuentran o al menos han viajado a Bélgica, se interesa que se practiquen las gestiones necesarias en atención a emitir sendas ordenes europeas de detención dirigidas a las autoridades belgas", dijo el documento de la Fiscalía. Todos los exconsejeros presentes en Madrid, salvo el exconsejero de Empresa, Santi Vila, que dimitió por su desacuerdo a que el Parlament debatiera la declaración unilateral de independencia, se negaron a contestar a las preguntas de la Fiscalía, que pidió para Vila prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. "Con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto catalán, solo se resolverá con alta política y liderazgo", dijo a las puertas del tribunal el expresidente catalán Artur Mas, que consideró que la ausencia de Puigdemont y de otros cuatro miembros de su gabinete obedecía a una estrategia de defensa. APLAZAMIENTO EN EL SUPREMO

Mas respaldó también a la presidenta de la Mesa del Parlament y otros cinco miembros citados también el jueves en el Tribunal Supremo por los mismos delitos, en una comparecencia que finalmente fue aplazada una semana a petición de la defensa. Hasta que el jueves 9 de noviembre vuelvan a Madrid, el juez impuso vigilancia policial a los seis políticos, que dada su condición de aforados declaran ante el Supremo en lugar de en la Audiencia. La juez Lamela ha pedido ya a los líderes independentistas que depositen una fianza de 6,2 millones de euros antes del viernes para responder a las responsabilidades pecuniarias que pudiera haber en el procedimiento. El frente judicial coincide con la preparación de los comicios de diciembre, que ha provocado grietas en el seno de la coalición proindependentista y en el del propio PDeCat de Puigdemont sobre la conveniencia de buscar una solución negociada con el Gobierno español que permita dejar atrás la peor crisis institucional en décadas. Las diferencias también han dividido a la ciudadanía en Cataluña y causado gran resentimiento en otras partes de España, aunque el separatismo persiste en la región. Dos sondeos de opinión recientes mostraron que el apoyo a la secesión podría haber comenzado a caer, pero una encuesta de la Generalitat publicada el martes reflejó que un 48,7 por ciento de los catalanes cree que la región debería ser independiente, el máximo nivel desde diciembre de 2014.