Entre las modificaciones, que entrarán en vigor en enero de 2018, se halla la reducción del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) desde el actual 16 % al 10 % y el recorte de las contribuciones a la seguridad social del 39,25 % al 35 %.
La medida más controvertida, única hasta ahora en la Unión Europea (UE), es que serán los trabajadores, y no las empresas, los que tengan que pagar plenamente las cotizaciones de la seguridad social, mientras que las empresas sólo abonarán un 2,25 % destinado a un fondo para cubrir las bajas médicas.
Las compañías con una facturación inferior al millón de euros anuales dejarán de pagar el impuesto del 16 % sobre los beneficios y abonarán ahora una tasa equivalente al 1 % de sus ingresos.
El ministro de Finanzas, Ionut Misa, aseguró hoy que el paquete de medidas traerá "importantes beneficios tanto a los ciudadanos como a las empresas", subrayando que aumentarán los ingresos netos de los asalariados.
Los sindicatos, que ya han convocado varias manifestaciones y han anunciado más protestas, temen que los trabajadores sufran pérdidas de hasta el 20 % de sus ingresos, incluso en el caso de los funcionarios, para los que el Ejecutivo ha aprobado una subida salarial del 25 %.
Mientras, los empresarios creen que la reforma afectará a la competitividad de las compañías.
El decreto se ajusta a una directiva de la UE que pretende dificultar que las multinacionales transfieran sus beneficios a sus empresas matrices.
"El Gobierno desea introducir unas medidas firmes para parar la externalización de los beneficios", señaló hoy el primer ministro rumano, Mihai Tudose, durante la sesión del Ejecutivo.
El gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) ha defendido que estas modificaciones tributarias frenarán la enrevesada burocracia, lucharán contra la evasión fiscal y aumentarán los ingresos del Estado.
Un millar de personas se manifestaron hoy ante la sede del Ejecutivo mientras se celebraba la sesión, en la que se aprobó la reforma.