Para abordar la crisis financiera, ha recordado, se apostó por las uniones de entidades bajo una que actuaba de cabecera, lo que se conoce como un SIP o una fusión fría, una fórmula que aplaudió en la misma comisión Fernández Ordóñez.

Sin embargo, el inspector del Banco de España ha advertido hoy de que no se puede defender que las fusiones fueran buenas por ser meras fusiones y dar lugar a sinergias de costes, porque la realidad es que si se juntan entidades en mal estado la contaminación de balance es muy superior a las posibles sinergias.

Además, ha afeado que la cúpula del Banco de España, a pesar de que podía oponerse a esas fusiones, las aprobara sin requerir antes que los equipos de inspección realizaran un informe previo porque sin esa información, los datos de partida no era correcta y era imposible evaluar la viabilidad de un nuevo grupo.

Algo que, ha lamentado, no ha cambiado porque tampoco ha habido informe de inspección sobre la fusión de Bankia y BMN o sobre la resolución del Banco Popular que, ha insistido, se ha basado únicamente en un informe de una firma privada.

Pero sus críticas a la actuación del organismo supervisor han ido más allá porque, a su juicio, las entidades que se fusionaban en un mismo grupo no debían sanear sus balances con cargo a reservas, sino contra la cuenta de resultados, aunque eso hubiese supuesto declarar pérdidas millonarias.

De esta forma, "no hubiera habido más remedio que reconocer la inviabilidad" de algunas Cajas y no se habrían pagado las retribuciones variables o "bonus" en algunos grupos que ya habían recibido ayudas, como Bankia.

El secretario de la Asociación de Inspectores, que aprovechó para reclamar un marco legal que proteja la independencia de este colectivo, también ha advertido de "la captura del supervisor por las entidades", lo que se ha traducido en una actuación de manera "muy suave" durante los años de la crisis y haber sido "laxo" con la política de retribuciones.

En cuanto a la labor de las auditoras, ha incidido en que hay problemas serios de independencia con las entidades, "especialmente de las que aportan más negocio" y prueba de ello, según su opinión, es que no hayan detectado irregularidades, "ni una sola auditoría durante la crisis presenta salvedades".

En el caso de Bankia y su relación en el pasado con Deloitte, ha añadido, se produjo un conflicto entre las labores de auditoría y consultoría, lo que a los inspectores les lleva a plantearse la necesidad de endurecer el régimen de incompatibilidades.

Respecto a la labor de los propios inspectores, el secretario de la Asociación entiende que la mayor parte del colectivo ha cumplido con su misión.

Ha destacado el papel de José Antonio Casaus, el autor de los polémicos correos del Banco de España sobre Bankia, así como los peritos judiciales del caso, que "han permitido que parte de los afectados (por la salida a Bolsa) hayan recuperado su dinero".

"Ojalá en (la investigación sobre) el Banco Popular, el Banco de España elija a unos peritos que tengan la misma valentía", ha añadido el inspector, para a renglón seguido lamentar que algunas irregularidades detectadas por ellos se las hayan atribuido los nuevos gestores de las entidades o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la hora de denunciarlas ante la Fiscalía.

Sistemas de acceso

Además, ha destacado la necesidad de que exista un sistema de acceso que "garantice la independencia" de los inspectores. "Se debe potenciar el sistema de oposición como fórmula de entrada en la inspección", ha señalado Delgado.

El secretario de la Asociación de Inspectores ha mostrado la "gran preocupación" de la misma por los cambios introducidos en esta materia por la comisión ejecutiva de la institución, como la mayor valoración de la "flexibilidad" del candidato.

"La flexibilidad malentendida ha sido una de las principales razones que nos han llevado a la crisis", ha señalado, y ha añadido que desde la asociación no entienden por qué estos cambios han sido introducidos "con tanta urgencia" en la fase final del mandato de la comisión. Delgado ha pedido "que se convoquen las plazas como tradicionalmente se ha hecho" con el objetivo de proporcionar un "máximo respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Además, ha pedido que en ese marco regulatorio se regule la coordinación de la institución con los órganos jurisdiccionales, para que los inspectores puedan colaborar con la justicia "con las máximas garantías".