En concreto, los Estados miembros han validado a nivel de embajadores permanentes el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo a finales de octubre, que ahora debe recibir el respaldo de la Eurocámara antes de ser aprobado formalmente.

De esta forma, los gobiernos de la UE han aprobado la creación de un enfoque común en la jerarquía de acreedores que deben asumir pérdidas en caso de quiebra mediante la introducción de una nueva categoría de deuda senior no garantizada.

Además, los Estados miembros han respaldado también ampliar el plazo de cinco años para que los bancos apliquen las nuevas disposiciones de la Norma Internacional de Instrumentos Financieros 9 o NIIF 9 (IFSR 9, por sus siglas en inglés), con el objetivo de limitar el posible impacto negativo que podría causar por elevar las provisiones de las entidades.

Esta norma de contabilidad modifica significativamente el mecanismo de reconocimiento de provisiones ante potenciales pérdidas por incumplimientos de familias y/o empresas receptoras de financiación.

Por otro lado, los países han dado su visto bueno al periodo de tres años que se dará a los bancos para aplicar las nuevas reglas sobre que limitan su exposición a deuda pública denominada en divisas extranjeras.

"La reducción de riesgos en la unión bancaria es fundamental para evitar nuevas crisis y una condición previa a la reforma de la zona euro", ha destacado el ministro de Finanzas de Estonia, Toomas Toniste, que ostenta hasta finales de año la presidencia de turno del Ecofin. "Estas propuestas ayudarán a conseguir certidumbre legal para los actores de mercado", ha añadido.