Según ha defendido en el Congreso de los Diputados el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, este año 2017 el coste final potencial habría sido de 9.931 millones tal y como está planteada por los sindicatos.

A todas estas cantidades, ha añadido Bravo, se le deben descontar los ingresos por IVA ya que sería un dinero que se destinaría a consumo.

En esas cifras netas, descontando el tipo medio de IVA de cada año, el coste bajaría a 5.774 millones en el caso de 2007 y a 10.198 millones en 2013, lo que dejaría su peso en el PIB en el 0,53 % y el 0,99 %, respectivamente.

En cuanto a los potenciales beneficiarios, Bravo ha señalado que se habían situado en 1.358.000 en 2007 para tocar un máximo de 2.362.000 en 2013 y luego descender a 1.923.000 beneficiarios en 2017.

Bravo ha llevado estas cifras hoy al Congreso en el marco de la tramitación como proposición de ley de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por UGT y CCOO para garantizar unos ingresos mínimos de 430 euros mensuales a prácticamente toda la población activa (18-65 años) que esté en situación de desempleo para prevenir la pobreza.

Junto a las cifras aportadas, Bravo ha refutado la advertencia realizada por la directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, Nieves Ciruelos, de que la creación de esta prestación de ingresos mínimos podría ser declarada inconstitucional porque colisiona con las competencias de las comunidades autónomas.

Bravo ha defendido que esta renta emana claramente del ámbito de la Seguridad Social -fijado en el artículo 41 de la Constitución- dada su carácter estructural, permanente en el tiempo y con un requisito de empleabilidad lo que, en esa definición, no llevaría a problemas competenciales con las Comunidades Autónomas como pudo ocurrir con el Prepara.

El secretario confederal de Políticas Públicas de CCOO ha insistido en la urgencia de poner en marcha esta iniciativa para eliminar los actuales vacíos de cobertura de protección y ha añadido que permitiría a las CCAA usar parte de los recursos que destinan ahora para proteger a desempleados ante la baja tasa de cobertura actual para parados del Estado.

Bravo también ha defendido que ayudaría a reducir la creciente desigualdad, la pobreza, mejorar la calidad del empleo y la evolución del consumo.

Y se ha mostrado dispuesto a ajustar detalles de su aplicación, cobertura, requisitos o controles para evitar eventuales fraudes en las enmiendas.

Ante todo ello, ha pedido al PP y Ciudadanos que se sumen a la iniciativa y garanticen el máximo consenso y la mayor perdurabilidad y estabilidad de la medida.

"Sería bueno que cuando llegase la próxima crisis esta red estuviese implantada", ha concluido Bravo. EFECOM

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