Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar, quien atribuyó la demora al hecho de que se aprobarán a través de un Real Decreto "de tramitación larga", que requiere un periodo de información pública y dictamen del Consejo de Estado.
"Va a ser complico que lleguemos a finales de año, pero si no es este año, será a comienzos de 2018", apuntó el 'número dos' de Fomento respecto al paquete de medidas que el Ministerio prepara desde el pasado verano.
El secretario de Estado manifestó no obstante su convencimiento de que contribuirá a "ordenar y a mejorar la convivencia" de los dos servicios de transporte, que mantienen un conflicto desde hace meses por la competencia desleal que, según el taxi, practica en VTC.
El gremio de taxistas considera que esta situación se agravará ante las alrededor de 10.000 licencias que las VTCs lograrán en los próximos meses por vía judicial, en virtud de la desregulación que el sector registró entre los años 2009 y 2013.
Estas licencias llevarán a que las VTC sobrepasen, aún en mayor medida que en la actualidad, el número de licencias permitidas en relación con las del taxi según la proporción legal de una VTC por cada treinta taxis que el Gobierno volvió a implantar en 2015.
RELACIÓN TAXI-VTC
En la actualidad existen en todo el país unas 65.000 licencias de taxi frente a unas 6.000 de VTC. De esta forma, estos títulos ya triplican a los que les correspondería en función de dicho ratio (unas 2.160).
No obstante, cuanto las empresas como Uber obtengan las referidas 10.000 licencias pendientes de resolución judicial, su número de autorizaciones se elevará a unas 16.000 y multiplicará casi por siete a las que proporcionalmente le corresponde con el taxi según la ley.
El Tribunal Supremo comenzó a conceder hace unas semanas las primeras licencias, lo que ha reavivado el enfrentamiento entre el taxi y la VTC.
Se trata de licencias que las comunidades autónomas rechazaron entre 2009 y 2013, a pesar de que esos años el sector estaba desregulado. Por ello, los solicitantes recurrieron los rechazos a los tribunales que ahora comienzan a darles la razón.
El 'número dos' de Fomento recordó que el Gobierno no tiene capacidad de abordar medida legislativa alguna ante estas sentencias de los tribunales.
CONFIANZA EN LAS MEDIDAS
No obstante, confían en que las medidas que ultiman contribuyan a ordenar el sector. Entre ellas, figura la prohibición de que las empresas que obtengan una licencia de VTC la vendan en los dos años siguientes a su consecución, y la articulación de una base de datos estatal en el que estas firmas deberán inscribir todos los servicios de transporte que efectúen.
Con estas medidas, cuyo incumplimiento no lleva sanción, se pretende garantizar que las empresas como Uber y Cabify, cumplan con los requisitos de que sus servicios de transportes tengan un contrato previo, tener al menos siete vehículos y realizar el 80% de sus servicios dentro de la comunidad en la que prestan.
A pesar de que el sector del taxi ya ha indicado que se trata de medidas insuficientes, Gómez-Pomar asegura están "al límite de lo que puede hacer para no atentar a las normas de competencia".
Se da la circunstancia de que el Real Decreto de 2015 por el que el Gobierno recuperó el de una VTC por cada treinta taxis fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a expensas de que el Tribunal Supremo se pronuncie.
El alto cargo de Fomento remarcó además que las competencias sobre el taxi y el VTC están repartidas entre las distintas administraciones.
De esta forma, al ser preguntado sobre la evolución en el número de licencias de taxi que se otorgan, indicó que la competencia para conceder autorización de dicho servicio corresponde a los ayuntamientos.