El estudio señala que, aunque recientemente la dispersión en las tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) ha alcanzado mínimos históricos en la eurozona, si se compara el periodo entre 1999 y 2016 es "evidente que las diferencias de renta entre los países persisten".
Los expertos del BCE afirman que entre esos años "varios miembros de bajos ingresos de la eurozona solo han mantenido (Eslovenia y España) o incluso aumentado (Grecia, Chipre y Portugal) su distancia de renta respecto a la media de la UE", aunque precisan que esta tendencia "ha sido revertida en la mayoría de los casos en los últimos tres años".
Respecto a Italia, que todavía era un país de altos ingresos a mediados de los noventa, el informe indica que ha registrado "el peor desempeño desde entonces, hasta el punto de que ahora pertenece al grupo de bajos ingresos".
Los técnicos del banco europeo rechazan que haya sido la introducción del euro la que puede haber provocado estas "deficiencias de convergencia" que, advierten, proceden de años o incluso décadas atrás y responden a condiciones de naturaleza estructural de las diferentes economías, que requieren un análisis extendido en el tiempo.
En el caso de España, señalan que solo en la década de los 60 el PIB per cápita creció claramente por encima de la media de los países de la UE.
Posteriormente, se registró una "moderada" convergencia en los noventa y en los primeros años de la unión monetaria, parcialmente contrarrestada por una baja productividad laboral.
A su juicio, los bajos índices de productividad de la economía española pueden ser atribuidos, como en otros países del sur de Europa, a una "menor cualificación del capital humano, una baja inversión en I+D, un desfavorable entorno de negocios y, en general, a altas cargas administrativas a las empresas".
"La tendencia del crecimiento en España hacia actividades laborales intensivas relativamente no cualificadas (construcción y servicios) ha ocasionado un adverso" efecto en la productividad, que se hizo notar especialmente en el periodo anterior a la crisis, afirman.
Igualmente, detallan, entre otras posibles causas de la baja productividad, la inadecuada asignación de capital y fuerza de trabajo hacia industrias menos productivas, así como estrictas regulaciones del mercado laboral que limitaron flexibles organizaciones del trabajo en las empresas.
Sin embargo, constatan que tras la crisis se ha producido una reactivación de la productividad en la economía española, relacionada principalmente con el mejor desempeño de las grandes compañías.
Los expertos del BCE consideran "crítico" que los países de la eurozona que aspiran a la convergencia aumenten la resiliencia de sus estructuras económicas a través de la mejora de su gobernanza y su "calidad institucional".
Reconocen que la mayoría de ellos adoptaron un "más amplio y profundo espectro" de reformas estructurales tras la llegada de la crisis pero que, pese a los progresos, incluso después de 2010 la divergencia en calidad institucional se ha incrementado en esferas como el control de la corrupción o el imperio de la ley.
Como resultado del empeoramiento de las condiciones económicas, apuntan, por ejemplo, que durante la crisis los tribunales de justicia funcionaron con mayores retrasos y se deterioró su capacidad para gestionar las quiebras bancarias o las insolvencias.
El informe cita los indicadores de gobernanza del Banco Mundial sobre calidad reguladora o control de la corrupción, que muestran que entre 1998 y 2015 se registró incluso un cierto deterioro en estos aspectos en países como Grecia, España o Italia.
El estudio concluye que una sostenible convergencia económica es una "condición importante" para asegurar un "fluido funcionamiento" de la Unión Monetaria Europea y asegura que para su consecución "no hay atajos", como ha demostrado la crisis en el área, por lo que se requiere una "visión a largo plazo" en la elaboración de las políticas nacionales.
Además, destaca que tras la entrada en la unión monetaria no hay un "automatismo" en el proceso de convergencia, que debe ser visto como un resultado de "incesantes esfuerzos políticos" antes y después de la adopción del euro.