Se trata de la cantidad que estiman para la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, lo que el Estado debe pagar por contrato a los actuales concesionarios de las autopistas por las inversiones que realizaron en su construcción.

Este importe es más del doble respecto a los 2.000 millones de euros que estima el Ejecutivo para esta RPA, tal como el Gobierno indicó en el último plan presupuestario remitido a Bruselas.

Por ello, los fondos han avanzado su intención de litigar hasta donde sea necesario contra el Estado español para lograr el importe que consideran les corresponde por la liquidación y 'rescate' de las autopistas.

"Litigaremos durante miles de millones de años si es necesario para obtener lo que consideramos que nos corresponde", indicó a 'Financial Times' Manuel Martínez-Fidalgo, director de Houlihan Lokey, firma representante de algunos de los fondos acreedores de las autopistas, entre ellos King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital.

Se trata de los fondos que en los últimos años compraron a los bancos la deuda financiera de unos 3.700 millones que soportan las autopistas.

Martínez-Fidalgo asegura que estas firmas "están preparadas para un largo litigio", tanto en los tribunales españoles como en instancias internacionales, en caso de que no logren un acuerdo con el Estado español.

Además de considerar escaso el importe de la responsabilidad patrimonial estimada por el Gobierno, los fondos acreedores de las autopistas también consideran que el Ejecutivo está "demorando de forma intencionada" la consecución de una solución para las vías de pago, con el fin de retrasar en lo posible el problema que el pago de su liquidación supondrá para las arcas públicas en términos de déficit público.

En este sentido, 'Financial Times' recoge declaraciones de un portavoz del Ministerio de Fomento que explica que las autopistas están siguiendo el proceso fijado en la Ley Concursal española "con el fin de garantizar que se respetan los derechos de todas las partes implicadas".

Asimismo, en sus declaraciones al diario británico, las mismas fuentes de Fomento indican que el Gobierno ha mantenido contactos con los fondos con el fin de "reducir, en la medida de lo posible, el importe del coste de la RPA a los ciudadanos y, al tiempo, evitar largos y onerosos procesos judiciales".

EN VÍSPERAS DEL RESCATE

Los fondos cuantifican el importe que esperan lograr como RPA de las autopistas en quiebra y avanzan su disposición a pelearlo en los tribunales en vísperas de que el próximo mes de enero el Gobierno 'rescate' las nueve vías, toda vez que ya han alcanzado la fase de liquidación.

En concreto, el plan del Ejecutivo pasa por quedarse con las autopistas a través de la Seittsa y garantizar que sigan en operación mientras prepara un concurso público para volver a ceder su explotación a compañías privadas a lo largo del próximo año.

El Gobierno confía en afrontar gran parte del importe de la RPA con los recursos que obtenga de la relicitación de las autopistas. No obstante, ya ha reconocido que el importe la responsabilidad patrimonial lo acabará fijando un juez tras un largo proceso judicial al asumir que el importe que fije el Ejecutivo no será aceptado por los actuales concesionarios y acreedores de las vías.