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Así, tras su última investigación, los técnicos señalan que la lista europea que previsiblemente se aprobará hoy en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) será incompleta, por lo que, a su juicio, tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos.

El listado de Gestha es mucho más ambicioso que el europeo, pues incluye a aquellos países que se han comprometido a ¿adoptar un proceso de aprobación¿ de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia Unión Europea que favorecen la elusión fiscal y a los territorios offshore que igualmente pertenecen a algunos miembros comunitarios.

Además, los técnicos lamentan que las listas oficiales se elaboren incluyendo criterios políticos, como el precedente de la OCDE, cuyo listado incorpora a un solo país no cooperante.

Por otra parte, Gestha indica que esta primera lista europea de paraísos no cooperativos debería incluir también, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil, pues la evasión de las multinacionales y de las corporaciones empresariales es un fenómeno internacional y las medidas para abordarlo con mayor eficacia deben ser adoptadas en un marco global.

Asimismo, los técnicos piensan que la Comisión debería crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que todos los países miembros tuvieran pleno acceso, así como implantar sanciones concretas para las jurisdicciones incluidas en la lista.

Nuevas sanciones

En opinión de Gestha, las sanciones contra las jurisdicciones no cooperativas que figuren en la lista de la UE tendrían que promover cambios en la legislación de dichos lugares, como la suspensión de los acuerdos de libre comercio, de los convenios para evitar la doble imposición, de la financiación de la UE, o la prohibición para todas las instituciones y entidades públicas de la UE de abrir cuentas u operar en las jurisdicciones de la lista común o contratar con empresas que operan en paraísos fiscales.

Los técnicos de Hacienda piden que las sanciones se apliquen también a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones, como la revocación de las licencias profesionales de trabajadores y empresas que hayan participado en el diseño de la planificación fiscal agresiva o evasión fiscal, o hayan asesorado sobre su uso, incluyendo una responsabilidad financiera proporcional de los asesores fiscales, bancos e instituciones financieras implicados en prácticas fiscales ilegales o que faciliten las transferencias a paraísos fiscales.

Los intercambios de información no son suficientes

Los técnicos consideran que no es conveniente excluir a los paraísos fiscales que han firmado acuerdos de intercambio de información, puesto que la experiencia de los Papeles de Panamá, del Lux Leaks o de los Paradise Papers demuestran que no son eficaces para acabar con la opacidad, por lo que se muestran escépticos sobre el compromiso adquirido por algunos países de adoptar normas internas de transparencia.

De hecho, aseguran que la firma de un acuerdo de este tipo no garantiza el intercambio efectivo de información, porque una Administración tributaria no puede solicitar la documentación que se desconoce, pues las peticiones genéricas de información, o ¿fishing expeditions¿, están prohibidas.

¿Refugio¿ para los corruptos

Una lista que actuara a gran escala ayudaría también a hacer frente a una de las grandes lacras de la política actual, como es la corrupción, pues los paraísos fiscales sirven como ¿refugio¿ para los corruptos. Las cifras así lo evidencian. La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión en Europa es de un billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4 y el 10% del total de ingresos derivados del impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.

Gestha recuerda que el 75% de los casos de corrupción utilizan empresas radicadas en territorios opacos y de nula tributación, y que el 90% de las grandes compañías internacionales tienen presencia en estos lugares, de acuerdo a los datos facilitados por Transparencia Internacional y Oxfam Intermón, respectivamente.

Los técnicos de Hacienda apoyan la propuesta del Parlamento europeo para que se adopten ¿antes de que finalice 2017¿ una serie de medidas para amparar y promover las actuaciones de los denunciantes o ¿whistle-blowers¿ que permitan aflorar casos de corrupción, delitos penales, incumplimiento de obligaciones jurídicas, abuso de autoridad y conflicto de intereses, uso irregular de fondos públicos, elusión fiscal y flujos financieros ilícitos, entre otros casos.

En este sentido, Gestha opina que los tribunales y los Estados miembros, con el pretexto de garantizar la protección de los secretos legítimos de las empresas, no deben impedir, obstaculizar ni limitar en modo alguno la capacidad de los denunciantes de irregularidades y de los periodistas para documentar y revelar prácticas ilícitas, ilegales o perjudiciales, sino que debería aprobarse una ley especÍfica que reconozca socialmente al denunciante y le proteja en su actividad laboral o profesional, su economía, seguridad personal y jurídica, incluso en su salud.

Evitar declaraciones complementarias sin sanción del 150%

Fueron precisamente esas revelaciones las que llevaron a Hacienda a abrir investigaciones a los implicados. Aunque el ministro, Cristóbal Montoro, cifró en 100 millones de euros la factura para los evasores de los papeles de Panamá, casi 90 millones se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los implicados disfrutaron de una segunda oportunidad, en la que pagando un recargo del 20% esquivaron las sanciones tributarias y las condenas por los delitos fiscales cometidos.

En este punto, la AEAT ha tenido que cambiar su criterio, y ya no impone la sanción del 150% de la cuota defraudada por declarar ¿voluntariamente fuera de plazo¿ los bienes en el extranjero, algo de lo que ya avisó Gestha a finales de 2012 cuando se aprobó la ley antifraude.

Por ello, Gestha viene reclamando a la AEAT que, en estos casos de grandes evasiones en paraísos fiscales, se notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hubieran podido cometer. No obstante, indican que, como la AEAT asigna las comprobaciones preliminares a un número muy reducido y ¿escogido¿ de funcionarios, las inspecciones tienen que esperar varios meses para ser notificadas a los afectados, tiempo que aprovechan los evasores para presentar las complementarias.