El concejal responsable de la vivienda, el comunista Ian Brossat, justificó esta ofensiva en declaraciones a la emisora "France info" con el argumento de que lo que les piden es "sólo aplicar la ley", algo que no le parece "exorbitante".
"Ya se ha condenado a algunos propietarios, pero creo que la clave para resolver el problema es que las plataformas asuman su responsabilidad. No se puede continuar con esta impunidad que permite que las plataformas ganan mucho dinero con anuncios ilegales", explicó Brossat.
En la actualidad, únicamente alrededor de 10.000 propietarios se han registrado en el Ayuntamiento, cuando sólo Airbnb dice tener más de 50.000 en la capital francesa.
Esa obligación se estableció para que la administración pueda controlar en concreto que los particulares no alquilan sus viviendas para este tipo de alquiler turístico más de 120 días al año (el máximo), a menos que las hayan transformado en estructuras empresariales, con las consiguientes consecuencias fiscales.
En la práctica, el concejo pone en marcha desde hoy un procedimiento contra Airbnb, Abritel, Windu, ParisAttitude y Sejourning sobre la base de 1.400 anuncios que ha identificado claramente como ilegales por carecer de autorización.
Si no se avienen, París tiene intención de llevar las plataformas ante los tribunales para que las condenen a pagar indemnizaciones.
El problema es que la ley que fija la obligación del registro no ha ido acompañada hasta ahora de un decreto que precise las sanciones por su incumplimiento.
En paralelo, los dirigentes de Airbnb en Francia están convocados esta tarde por los ministros de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, y de Hacienda, Gérald Darmanin, tras las revelaciones en la prensa sobre el recurso a la tarjeta de crédito que permite a algunos arrendatarios eludir el fisco. EFECOM
ac/prb