"Incluye ahora una serie de restricciones a la hora de publicitar, promocionar y vender los cigarrillos electrónicos, aunque con una intensidad mucho menor que las que se aplican al tabaco. Algunas de estas medidas, derivan de normativa de la UE", advierte, para cuestionar algunos de los instrumentos que se plantean en la norma, al considerar que "no se ajustan a los principios de necesidad y de proporcionalidad, todo ello en perjuicio de los consumidores y usuarios".
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre la modificación de la normativa con el objetivo de finalizar la trasposición de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, si bien la culminación de la trasposición requiere que las modificaciones introducidas temporalmente por este Real Decreto-Ley se hagan con rango de Ley, que es el objetivo final del Ministerio de Sanidad.
Hace unas semanas el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto con el apoyo de todos los grupos, a excepción de EH Bildu que se abstuvo.
No obstante, a juicio de la CNMC, este proyecto se centra en otras regulaciones existentes del sector del tabaco que no "son adecuadas" para proteger la salud y distorsionan la competencia, por lo que ha vuelto a recomendar suprimir el monopolio de la red de estancos o, al menos, reconfigurarlo de forma más competitiva.
ANALIZAR ALTERNATIVAS "MENOS DISTORSIONADORAS"
Del mismo modo, en el informe, el organismo aconseja analizar alternativas "menos distorsionadoras" que garanticen los objetivos de interés público como, por ejemplo, utilizar mecanismos que garanticen la verificación de la edad o reforzar la aplicación del régimen sancionador.
Además, solicita que los estancos y establecimientos especializados no tengan la exclusividad para la distribución de cigarrillos electrónicos, ya que se esta forma se excluye a otros operadores. Por ello, insta a que el regulador fundamente la racionalidad de la medida y analice otras alternativas que fomenten la competencia.
La CNMC señala también la importancia de no difundir o publicitar información comercial sensible porque podría traducirse en conductas "potencialmente anticompetitivas", al tiempo que reclama un análisis "amplio" del sector ,y de cada una de las herramientas de intervención disponibles, para elegir aquellas que sean "más eficaces" para los fines y "menos distorsionadoras" de la competencia.
"Se tienen que considerar otros instrumentos de política pública como la imposición indirecta, por su eficacia y menor distorsión de la competencia: reduce el consumo (especialmente de los jóvenes), se beneficia de la imagen negativa del producto en términos de salud pública, nutre de recursos a la Hacienda Pública y acerca el tratamiento fiscal y las reglas de juego a los productos del tabaco", zanja en el informe.