Así se desprende del acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que introducen un mayor control de la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Efe que "en absoluto" se trata de un recorte, sino de una medida de control para evitar que se comprometan partidas que luego no se puedan reflejar en los Presupuestos de 2018.

"Se podrá seguir gastando", han asegurado las mismas fuentes, que han insistido en que se trata de una medida de vigilancia y no de un ajuste presupuestario, de forma que todos los organismos pidan autorización a Hacienda cuando lleguen a ese límite del 50 %, lo que no implica que se les vaya a denegar el gasto solicitado.

Los gastos que se vigilarán más de cerca son los destinados a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros, sobre los que los departamentos ministeriales no podrán tampoco aprobar ni comprometer nuevas partidas de expedientes ya iniciados una vez superado el 50 % del crédito inicial presupuestado.

El límite de gasto en las transferencias corrientes podría afectar a la dotación para la Agencia Tributaria para fortalecer la lucha contra el fraude, la destinada para programas de refuerzo escolar o las actuaciones de carácter social como la protección de la familia y la lucha contra la pobreza infantil y el sistema de dependencia.

También se destinan a las becas y ayudas a estudiantes, las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de los residentes no peninsulares, las transferencias a organismos públicos de investigación, la aportación al presupuesto de la UE, las cuotas derivadas de la participación en organismos internacionales.

Asimismo, podrían quedar limitadas las transferencias para RTVE y otros organismos públicos dependientes del Estado, como el Instituto para la Reestructuración de la Minería y el Carbón.

En lo que respecta a las transferencias de capital, la restricción podría afectar a los créditos destinados a la subsidiación de préstamos, así como otros destinados a financiar programas de investigación, infraestructuras del transporte, transferencias a organismos autónomos o convenios con las comunidades autónomas.

En el capítulo de activos financieros, gran parte del gasto se destina al préstamo que concede el Estado a la Seguridad Social para proporcionar la cobertura adecuada a sus obligaciones y posibilitar su equilibrio presupuestario.

El acuerdo, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre, exceptúa las transferencias corrientes destinadas a financiar las pensiones, las clases pasivas y las prestaciones de desempleo.

Asimismo, establece que "solo por causas excepcionales debidamente justificadas", el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, señala que esta norma entra en vigor el 1 de enero de 2018 y se extenderá hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y afectará a los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. EFECOM

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