El Ejecutivo comunitario publicó el pasado viernes un informe sobre las finanzas públicas en la Unión Económica y Monetaria (EMU) , que dedica un capítulo al impacto de la política fiscal en la distribución de la riqueza en cada país.

Dentro de este apartado, el estudio analiza cómo afectan sobre la redistribución de los ingresos dos factores distintos: el diseño de las prestaciones sociales y el diseño de los impuestos directos. En relación al primero de ellos, Bruselas destacan el poder redistributivo porque los hogares más pobres "tienden a recibir más transferencias sociales a su renta que los ricos".

"En la mayoría de los Estados miembros, las transferencias sociales se destinan principalmente a los deciles más bajos (la población con menos ingresos). Los deciles más bajos que ganan más con las transferencias sociales son los de Reino Unido e Irlanda y, los que menos, los de Italia y España", concluye el documento.

El estudio acompaña la información con un gráfico que muestra que en España el 10% más rico (el último decil) es la única parte de la población que paga más en impuestos que lo que recibe en ayudas sociales. El penúltimo decil está en una situación de equilibrio y el resto de la población, por el contrario, es receptora neta de transferencias sociales. Es decir, recibe más prestaciones que los impuestos que paga.

Esta situación sólo se repite en Bulgaria, Hungría, Francia y Portugal y contrasta con la de otros países comunitarios en los que la mayoría de la población es contribuyente neta, como Países Bajos y Dinamarca. En Bélgica y Suecia el 50% más rico de la población también paga más de lo que recibe, mientras que en Alemania el 40% más rico es contribuyente neto.

A nivel general, el estudio afirma que la mayor parte de la reducción de las desigualdades en la UE se debe, de media, a las transferencias sociales en efectivo (un 80%), mientras que el restante 20% tiene su origen en los impuestos directos. Además, destaca que el efecto redistributivo de un impuesto o una prestación no sólo depende de su tamaño, sino también de cómo esté orientado a los diferentes escalones de la población según su renta.

INVERSIÓN PÚBLICA

El último capítulo del informe analiza cuáles son los "motores principales" de la inversión pública, con especial atención a los factores institucionales y a los niveles locales y regionales. Para ello, evalúa cinco Estados miembros, entre ellos España, aunque advierte de que las conclusiones que extrae no constituyen la "posición oficial" de la Comisión sino "resultados preliminares".

Así, el estudio recoge que la proporción de inversión pública sobre la inversión total en España está por debajo tanto del nivel anterior a la crisis como de la media Europa. En concreto, la inversión pública en 2016 fue del 1,9%, menor que la registrada entre los años 2000 y 2007 (del 4%) y de la media europea del 2,7%. Además, la inversión pública fue la categoría de gasto que experimentó el mayor recorte durante la consolidación fiscal.

Dentro del mismo apartado, el informe dice que existen "preocupaciones" relacionadas con el nivel "históricamente bajo" de inversión en ayuntamientos y comunidades autónomas, que fue del 1,3% del PIB en 2016.

"Niveles bajos y prolongados de inversión puede comprometer la calidad de los servicios suministrados por los gobiernos subnacionales. También puede condicionar la capacidad de convergencia de las regiones", advierte el Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, Bruselas señala que la caída en el nivel de inversión pública a nivel local y regional puede entenderse como una "corrección" de los altos niveles de inversión registrados en los años anteriores a la crisis, puesto que las mayores reducciones son las de las comunidades autónomas que "experimentaron un rápido incremento de la inversión pública" antes de 2008.