Según detalla el proyecto de la nueva norma, en consulta pública desde este viernes hasta el próximo 2 de marzo, el supervisor ha detectado algunos inconvenientes en los modelos del Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) y de Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros (IARC). El primero, además de ser obligatorio para las compañías cotizadas, lo es para otros emisores.

Entre ellos se encuentra una cierta falta de flexibilidad para las empresas, que ven limitada su habilidad para organizar y estructurar la información en la forma que consideran mejor y, en algunos casos, elaboran otro modelo con un formato más adaptado a su propio contexto, sus circunstancias y su imagen corporativa para distribuir entre sus accionistas, inversores institucionales, asesores de voto y otros grupos de interés.

Además, la CNMV ha percibido la necesidad de realizar algunos ajustes técnicos en los modelos de ambos informes para eliminar algunos apartados que han perdido relevancia en el contexto actual e introducir o desarrollar otros que resultan relevantes.

Asimismo, el supervisor considera opotuno incluir un nuevo modelo de informe anual de gobierno corporativo aplicable a las entidades que integran el sector público institucional que sean emisoras de valores, distintos a las acciones, más simplificado y adaptado a las particularidades de estas entidades.