La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explican, en un informe conjunto publicado hoy sobre una decena de países en desarrollo -entre los que están Argentina, Costa Rica y la República Dominicana- que su impacto para las finanzas públicas es limitado.
En ocho de los países analizados, la recaudación pública obtenida por la aportación de las personas nacidas en el extranjero es superior al gasto generado por esas personas, aunque en todos los casos ese beneficio está por debajo del 1 % del producto interior bruto (PIB).
Los saldos más positivos se dan en Sudáfrica (0,85 puntos del PIB), Ruanda (0,74) y Costa de Marfil (0,67), seguidos de Costa Rica (0,27), República Dominicana (0,22) y Argentina (0,11).
En los dos eEstados restantes, los inmigrantes cuestan a las arcas públicas más de lo que pagan: 0,55 puntos de PIB en Kirguizistán y 0,12 puntos en Nepal.
Las cifras de este grupo de diez países vienen a desmentir la idea muy extendida de que los inmigrantes cuestan más de lo que aportan, señalan la OCDE y la OIT, que han trabajado entre 2014 y 2018 con métodos cuantitativos y cualitativos.
Por lo que respecta a lo que aportan a la economía, la horquilla se mueve entre el 18,7 % del PIB en Costa de Marfil (donde suponen el 16,10 % de la población) y el 1 % en Ghana (representan un 1,1 %).
Entre esos dos extremos se sitúan Costa Rica, (son un 14,20 % y pesan un 11,90 % en la economía), la República Dominicana (un 4 % y un 3,90 %, respectivamente) y Argentina (4,30 % y 3,90 %).
Los autores del informe hacen hincapié en que no hay signos de que los trabajadores inmigrantes hagan bajar la renta per cápita de los países receptores, ni de que tengan un impacto, positivo o negativo, sobre la productividad en la empresa o en los sectores de actividad en los que están empleados.
Y aunque pueden aumentar la competencia en el mercado laboral, también participan en la transferencia de conocimientos y en la innovación.
La OCDE y la OIT destacan que las políticas para favorecer la integración de los inmigrantes pueden reforzar su contribución a los países que los acogen.
Por eso lanzan una serie de recomendaciones, empezando por la de facilitar las entradas regulares para que las personas que llegan del extranjero tengan un estatuto legal y un trabajo formal.
En esa misma línea, apuestan por favorecer la empleabilidad de los inmigrantes, darles entrada en los dispositivos de formación, suprimir las barreras para que puedan invertir o crear empresas, proteger sus derechos y luchar contra su discriminación.
Los autores del informe recuerdan que un tercio de los inmigrantes mundiales reside en países en desarrollo, donde su papel económico es creciente.