En los tres casos el Ejecutivo comunitario ya había abierto sendos procedimientos de infracción contra España por no haber traspuesto estas directivas a tiempo y hoy dio el segundo paso en los mismos, al enviar a España un dictámen motivado en el que le pide notificar qué medidas va a tomar para cumplir.
La iniciativa que acumula un mayor retraso en España es la Directiva y el reglamento de requisitos de capital para la banca y las instituciones de crédito, que debería haberse introducido en la legislación nacional el 31 de diciembre de 2013.
Estas reglas fijan los colchones que las entidades deben crear frente a posibles pérdidas, e introduce normas de supervisión, de gestión de riesgos, remuneración o integridad de los directivos, entre otras.
En un comunicado, la Comisión señaló que en España faltan por incluir disposiciones que se refieren a las sanciones que se aplican a las entidades que cometan infracciones graves en la lucha contra el blanqueo de capitales, así como sobre las autoridades competentes para ello.
Por otro lado, España debe también introducir la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) de 2014 y una Directiva delegada vinculada a esta de 2016, que deberían haber sido incluidas en el marco nacional en julio de 2017.
Estas normas se aprobaron como respuesta a la crisis financiera para mejorar la transparencia de estos mercados y conseguir que se negocie menos en la sombra, e introducen reglas en materia de organización de las empresas de servicios de inversión, servicios de suministro de datos o para los mercados de pymes.
También regulan las salvaguardas de los instrumentos financieros y fondos de los clientes, así como la percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios.
Además de España, han recibido dictámenes motivados por estas leyes Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, esta última solo en relación a una de las directivas.
Por último, la Comisión insta a España a aplicar correctamente las normas comunitarias sobre fondos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), vehículos que reúnen activos de inversores y se dedican a reinvertirlos.
En particular, la Comisión pide a España que ponga en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de fondos OICVM y los procedimientos relativos a las infracciones de las normas.
La Directiva en cuestión establece reglas comunes para su funcionamiento en todos los estados miembros, por lo que "la falta de una aplicación adecuada de la directiva podría disminuir la protección de los inversores en el mercado minorista de los fondos de inversión". EFECOM
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