Esa es una de las conclusiones de un estudio titulado 'El sector bancario europeo en 2018: más regulación, menos morosidad', elaborado por Santiago Carbó y Francisco Rodríguez y publicado en el último número de Cuadernos de Información Económica.
Carbó y Rodríguez consideran que, aunque "es muy probable que MiFID II y MiFIR alcancen la mayor parte de los objetivos que promueven, será difícil de lograr sin dificultad, por razones de puro solapamiento y profusión normativa".
Así, uno de las primeras "dificultades" de la MiFID, cuyo plazo de implantación definitiva será el 3 de julio de 2018 después de que la Comisión Europea lo ampliara seis meses, será "la profusa'catalogación' de servicios".
Según los autores, las exigencias impuestas a las entidades para la comercialización y asesoramiento "es una suerte de manual de miles de párrafos".
Otras crítica consiste en que la MiFID "está intentando desmenuzar cada paso de la distribución y asesoramiento para fijar un precio exacto por cada servicio", lo que está creando distorsiones entre la información que generan internamente las empresas de servicios de inversión (ESI) y la que ofrecen a sus clientes, así como en las remuneraciones de los analistas.
En este estudio también se señala la "confusión" que se ha generado en "la definición de puntos de entrada, que marcan en qué país se materializa la venta" de los productos financieros, lo que genera distorsiones en los precios.
En este sentido, han indicado que "puede darse el caso de que operaciones internacionales muy similares tengan un precio muy distinto con cambiar simplemente la localización geográfica de uno de los eslabones de la cadena de servicio", lo que genera un riesgo de arbitraje regulatorio.
Otro de los inconvenientes que precisan de la MiFID consiste en la automatización y digitalización de los procesos en la operativa de los servicios financieros, que puede producir "un volumen de información con muchos solapamientos y difícilmente asumible para inversores y supervisores".
Como conclusión general, el documento se refiere que la regulación y la reducción de riesgos son los dos "desafíos" que tendrá la banca europea en 2018 debido a la entrada en vigor de la segunda Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros (MiFID II), la segunda Directiva de Pagos (PSD2) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), encaminadas a proteger al consumidor.
Entre los desafíos que afrontará la Unión Europea también está el debate político "intenso" existente entre los países que apuestan por avanzar hacia una unión bancaria más completa y aquellos que exigen mutualizar más riesgos.
Respecto a la reducción de riesgos, el estudio revela la "presión" existente para reducir las exposiciones de riesgo bancarias antes de alcanzarse una mutualización en Europa mediante un fondo de depósitos común y a la articulación de un fondo único de resolución más potente.
En el informe se comenta que GDPR afectará a aspectos transversales del servicio a los clientes en la industria financiera mientras que el PSD2 incidirá en la adopción de numerosas acciones relativas a la responsabilidad última sobre pagos no autorizados y determinadas operaciones.