El ministro ha tomado como fecha de conclusión noviembre de 2019, que es la que establece el real decreto firmado por su antecesora en el cargo, Ana Pastor, y que alarga la vigencia de la actual, por lo que no tiene en cuenta, como han recordado sindicatos y organizaciones, la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE que declara la concesión "ilegal".

También se ha referido, durante su visita a las obras de la SG-20, a los expedientes sancionadores que ha abierto a la empresa concesionaria de esta vía de peaje, Iberpistas, por la gestión de la nevada del pasado 6 de enero, que supuso que miles de personas quedaran atrapadas en sus vehículos.

El primero es de penalización por incumplimiento del contrato y el segundo hace referencia al estudio informativo que se abrió, ambos se encuentran en periodo de alegaciones y podrían ocasionar multas de hasta 15.000 euros, al considerarse infracción "grave".

Ha recordado que hay otros procedimientos en marcha como el de la evaluación de los costes en los que ha incurrido la Administración General del Estado, que también tendría que asumir la concesionaria, o un análisis que determine si con inversiones adicionales se habría logrado mejorar la situación.

Asimismo, tendrá que hacer frente a las reclamaciones a título individual que se están produciendo y sobre las que el Ministerio de Fomento ha pedido información.