Sobre todo porque esta reclamación de transparencia a Europa se contradice con el mensaje que desde hace meses defienden desde la JUR: que es la propia entidad cántabra quién no permite la publicación de ciertos datos del proceso de resolución.

Se esperaba que la Junta Única de Resolución (JUR) publicase el informe de Deloitte antes del cierre del mes de enero. Se esperaba, porque así se había comprometido en diversas cartas remitidas a los afectados del Popular a las que ha tenido acceso Invertia, y en las que se detallaba que el SRB haría pública en su página web la valoración `no confidencial¿ de la consultora antes de que finalizase el mes.

Sin embargo, y quizás tras volver a alegar una avalancha de trabajo entre demandas y preparación de su defensa, la JUR ha vuelto a retrasar la publicación del informe más buscado, el que sirvió de base para decidir la resolución del Popular en la noche del 6 al 7 de junio de 2017.

En esas cartas entre la JUR y los afectados, el organismo europeo asegura que mucha de la documentación que posiblemente nunca vea la luz, obedece a los propios intereses del Banco Santander. La propia Elke König aseguró ante el Congreso de los Diputados español que la institución que preside debía ¿pedir permiso¿ al banco presidido por Ana Botín para ofrecer dicha información.

Pues bien. En esas misivas remitidas a los afectados, la JUR asegura que otro de los documentos más buscados, el de la oferta vinculante presentada por el Santander el 7 de junio, no puede ver la luz por oposición expresa del Santander. ¿El banco se ha opuesto a la divulgación del texto completo del documento¿, justificando su decisión en que ¿contiene intereses comerciales, ya que la oferta responde a una decisión estratégica y comercial que viene detallada en el acuerdo de compra¿. Según la JUR, la entidad presidida por Ana Botín asegura además que el contenido ¿sensible¿ del documento ha sido expresamente reconocido durante el proceso, ¿ya que la oferta y el acuerdo de compra han sido tratados como documentos confidenciales¿. Del mismo modo, el FROB remitió a la opinión del Santander para no hacer público el papel.

Por sus intereses, Santander no quiere hacer públicos esos datos. Pero Ana Botín aseguró ayer que ¿el informe de Deloitte es decisión de la JUR y estamos a favor de la transparencia¿. Eso sí. Dejó claro que desde la entidad prefieren que no se publiquen datos como las alianzas, en referencia a las joint ventures que Popular mantenía con fiversas firmas como WiZink (tarjetas) o Allianz (fondos de inversión y seguros). Eso sí, " no tenemos problema en que se haga pública información sobre la resolución del Popular¿, aseguraba Botín esta semana.

SANTANDER CUBRE EL ERE POR POPULAR CON ADHESIONES VOLUNTARIAS, Y UN CENTENAR DE DESPIDOS FORZOSOS