Fuentes del departamento que dirige Álvaro Nadal han explicado que las sentencias favorables a las eléctricas incrementan los costes del sistema eléctrico y, por eso, el Ministerio ha decidido aplicar una serie de resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pueden compensarlos.
Las mismas fuentes han asegurado que no se hará nada antes de que lo diga la CNMC y que en el caso de los de gas se introducirá, dentro de las medidas que el PP llevará al Parlamento, una habilitación para que, si finalmente Competencia considera que hay también una sobrevaloración de activos en el sistema gasístico, no haya que volver a tramitar una norma y poder aplicar una reducción de la retribución inmediatamente.
Además, han negado que desde el PP se preparara un borrador de enmienda en el Senado a la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía sobre una disminución de 285 millones de euros a la distribución gasística, que supondría un 20 % del total.
En este sentido, han explicado que el cuadro que apareció publicado con esa cantidad calculaba el impacto que tendría la revisión de todos los activos de distribución de gas y no sólo los que podrían verse afectados por una futura decisión de la CNMC, revisión que ascendería a un máximo de 50 millones, según cálculos del Ministerio y que sería cero en caso de que Competencia considerara que no es necesario corregir su valoración.
Desde el departamento de Nadal recuerdan que no ha habido ni una norma que no haya sido recurrida por las compañías del sector, y consideran que lo mejor sería que se dejaran las cosas como están.
En este sentido, han señalado que el único objetivo del Gobierno es mantener el equilibrio del sistema y que no se cargue con costes que obliguen a subir los peajes, que desde el ministerio recuerdan que llevan congelados cinco años, con el consiguiente beneficio para el consumidor.
El ministerio critica los recursos sistemáticos que hacen las compañías de energía para ver "qué sacan de la reforma" que se hizo en 2013 y las acusa de estar "limando, a base de demandas en los tribunales, el superávit" del sistema.
Estas mismas fuentes han explicado que sólo una de las sentencias ganadas por eléctricas en distribución supone un coste de 150 millones de euros para el sistema, dicen que el ministerio lo que reclama es que se dejen "las cosas como están" para no obligar a hacer cambios regulatorios y piden que las empresas del sector energético dejen esa "agresividad" con las normas del Gobierno.
Asimismo, señalan que el Gobierno "no quiere tocar nada" de la reforma del sector eléctrico que se hizo en 2013 y que con esos "ajustes adicionales" que se está viendo abocado "no le va la vida al sector", que recuerdan percibe al año 7.000 millones de euros de retribución. EFECOM
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