Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que los trabajos del Pacto de Toledo avanzan en la revisión de la mayoría de las recomendaciones, aunque en la cuestión nuclear sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no hay consenso y la oposición critica la "intransigencia" del PP.
En este aspecto PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PDeCAT insisten en la necesidad de que los pensionistas no tengan pérdida de poder adquisitivo y tanto socialistas como nacionalistas catalanes y Unidos Podemos abogan por volver a indexar las pensiones al IPC.
De momento, los portavoces han decidido no volver a encallar las reuniones con este escollo y han apostado por seguir avanzando en otros temas, como en el régimen de autónomos, en las pensiones de viudedad y orfandad o en la lucha contra el fraude.
La mayoría está de acuerdo en recomendar que las pensiones de viudedad y orfandad sigan siendo contributivas, no salgan del sistema y aumenten en su importe, al tiempo que hay gran consenso en que deben existir fuentes de financiación alternativas.
En este terreno no se ha concretado si esta financiación alternativa debe ser vía impuestos específicos, a través del IVA, del impuesto de sociedades o a la banca, o mediante partidas puntuales en los Presupuestos que no sean finalistas.
En materia de autónomos, el Pacto de Toledo seguirá el consenso que proponga la subcomisión del Congreso que analiza la reforma del RETA y que mayoritariamente pide que los autónomos coticen más, ya que el 75 % de este colectivo lo hace por la base mínima.
Casi todos los portavoces creen que la Seguridad Social debería facilitar más información sobre las jubilaciones que tendrán los autónomos con sus cotizaciones y ofrecerles más oportunidades de elección.
En cuanto al fraude, también hay consenso en torno a una recomendación redactada por Unidos Podemos que elimina la equidistancia que existía entre el fraude cometido por el empresario y el trabajador, y que -según la formación morada- "criminalizaba" más al empleado al pedir que se incrementaran los controles y el seguimiento de las prestaciones de incapacidad temporal e invalidez.
La última recomendación señalaba la necesidad de evitar el absentismo injustificado y pedía potenciar los mecanismos de colaboración y las posibilidades de control por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las Mutuas, en relación con los diferentes procesos de incapacidad, con especial atención a los procesos de baja de duración inferior a 15 días.
Por otra parte, el debate en torno a la propuesta lanzada por el Gobierno sobre la ampliación voluntaria del período de cómputo para calcular la pensión, los portavoces están discutiendo si debe prolongarse a toda la vida laboral o a un tramo de entre 20 o 30 años que puedan ser elegidos por el trabajador en su carrera de cotización.EFECOM
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