Esta denuncia llega después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se haya vuelto a comprometer a incluir en los Presupuestos de 2018 una deducción en este impuesto para las personas de "edad muy avanzada".
En una nota, los técnicos resaltan el alcance "limitado de esta medida", que beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos, por lo que considera que el Gobierno podría impulsarla para "sumar apoyos en aras de aprobar las cuentas públicas y calmar los ánimos tras las masivas protestas que están teniendo lugar en toda España para defender la suficiencia del sistema público de pensiones".
Según sus cálculos, los pensionistas de Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían a quienes más beneficiaría.
En cualquier caso, Gestha matiza que su estimación debe calificarse como "prudente", ya que muchas personas con pensiones superiores a los 12.000 euros, umbral a partir del que se empezaría a tributar, tampoco pagarían IRPF en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o cuando superan los 65 ó 75 años.
No obstante, los técnicos recuerdan que si alguno de estos pensionistas obtuviera rentas distintas de la pensión, como son las del capital, las derivadas de arrendamientos o de cualquier otra naturaleza, estaría obligado a presentar la correspondiente declaración del IRPF.
Asimismo, Gestha asegura que el ahorro que supondría la aplicación de deducciones en este impuesto para las personas de edad más avanzada beneficiaría a los jubilados que reciben las mayores pensiones o a los que tienen otro tipo de ingresos por arrendamientos, por ejemplo.
De esta forma, la rebaja fiscal afectaría a esa otra fuente de rentas, no a la pensión en sí. En este sentido, dado que la pensión media en 2016 no llegó a los 8.500 euros anuales incluyendo todas las modalidades, el problema de los pensionistas, según Gestha, es fruto de la cuantía de las prestaciones, no de su tratamiento fiscal.
El secretario general de Gestha, Jose María Mollinedo, ha criticado que la "irrisoria revalorización" del 0,25% de las pensiones, frente a las cinco décimas que escaló el Índice de precios de consumo (IPC) en febrero, hasta el 1,1%, "no deja de restar poder adquisitivo a los pensionistas".
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