Según su criterio, la complejidad de las normas tributarias aplicables al alquiler turístico, que vienen recogidas en diferentes leyes, puede constituir una barrera para los ciudadanos que no tengan un asesoramiento adecuado o conocimientos especializados.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha señalado que es fundamental aumentar la transparencia, la seguridad jurídica y la coherencia del marco normativo.

Esta petición tiene el objetivo de disminuir el desconocimiento del régimen fiscal aplicable a esta actividad, así como actuar ante el riesgo de que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de turismo, establezcan condiciones que afecten a las cuestiones tributarias.