Fuentes sindicales han explicado a Efe que la subida salarial fija para los tres próximos años será del 6,1 %, dividido entre 2018 (1,75 %), 2019 (2,25 %) y 2020 (2 %).
A esto se añade una parte variable en función de la evolución del PIB por tramos, que puede alcanzar un máximo del 0,25 % adicional en 2019 y un 1 % en 2020.
Dentro de la parte variable, el acuerdo prevé unos fondos adicionales equivalentes a 800 millones de euros, que permitirá a cada administración negociar con sus trabajadores subidas adicionales para determinados colectivos.
Estos fondos, que estaban reconocidos en los presupuestos generales del Estado hasta el año 2009, permitirán alzas adicionales del 0,2 % en 2018, del 0,25 % en 2019 y del 0,30 % en 2020, según fuentes sindicales.
Por ejemplo, una administración podría negociar la creación de un nuevo complemento para todos los trabajadores, la ampliación a toda la plantilla de un plus que ahora sólo disfruta una parte o la subida salarial del colectivo peor retribuido, explican las fuentes.
Además, el acuerdo contempla una subida adicional del 0,55 % en 2020 si cumplen los objetivos de déficit público de ese año, por lo que no se aplicaría hasta 2021.
El acuerdo, que previsiblemente será firmado a primera hora de la tarde por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales de CCOO, UGT y CSIF.
El acuerdo abre además la puerta a la jornada de 35 horas semanales en aquellas administraciones que cumplan los objetivos económicos, al tiempo que contempla la recuperación de la prestación por incapacidad temporal, eliminando los descuentos por baja médica, según las fuentes consultadas.
Asimismo, el acuerdo permitirá la creación de empleo neto en determinados colectivos, ampliando las tasas de reposición de personal público.
Así, mejora del 50 % al 75 % la tasa de reposición con carácter general y se amplían los servicios considerados prioritarios, que ya contemplan una tasa de reposición del 100 %.
Ambas tasas pueden implementarse con un 8 % en las comunidades autónomas que tengan sus cuentas saneadas y con un 10 % en el caso de los ayuntamientos.
Según CSIF, el colectivo de 2,5 millones de empleados públicos podrá disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores de edad.
Así, las administraciones públicas podrían regular una bolsa de horas equivalentes hasta un 5 % de la jornada anual -que es de 1.642 horas- o a unos 11 días de libre disposición , que serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine.