Ambas propuestas forman parte de las iniciativas presentadas este lunes por el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para los Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis, dentro de la estrategia para desarrollar el Mercado Único de Capitales de la UE. Bruselas ha aprovechado la ocasión para pedir celeridad a los legisladores europeos - la Eurocámara y el Consejo de la UE -, que tan sólo han aprobado 3 de las 12 propuestas que el Ejecutivo comunitario ha presentado hasta ahora.

"Necesitamos acelerar la implementación de forma que los consumidores europeos, los inversores y las compañías puedan beneficiarse de un mercado de capitales más profundo e integrado. Esto es más urgente aún porque el mayor centro financiero de Europa abandonará el mercado único", ha dicho el letón en referencia a Reino Unido.

"Para cuando el Brexit ocurra (en marzo de 2019), las condiciones para un verdadero mercado único de capitales deben estar en pie", ha añadido el vicepresidente de la Comisión Europea.

Dombrovskis ha presentado tres nuevas iniciativas, entre las que destaca una nueva directiva y un nuevo reglamento para fortalecer el mercado de los bonos garantizados en al UE. Bruselas ha señalado que esta fuente de financiación está "muy desarrollada" en el bloque comunitario, con un volumen de 2,1 billones de euros que representa el 84% del total a nivel mundial, según datos de 2015.

Sin embargo, dos tercios del volumen de bonos garantizados en la UE se aglutinan únicamente en cuatro Estados miembros, que son Alemania (384.000 millones de euros, un 18%), Dinamarca (383.000 millones, un 18%), Francia (323.000 millones, un 15%) y España (281.000 millones, un 11%).

Ante esto, el Ejecutivo comunitario ha planteado propuestas para impulsar el desarrollo de este mercado en los países del bloque en el que prácticamente no existe. Para ello, la directiva propone una definición común de bono garantizado, define características "estructurales" de estos instrumentos - como la calidad de los activos respaldados por el bono o los requisitos de liquidez y transparencia - , establece las tareas y las responsabilidades par la supervisión de estos activos e introduce normas para permitir el uso de la "etiqueta europea de bonos garantizados".

Según estimaciones de la Comisión Europea, esta propuesta puede suponer un ahorro anual en los costes de financiación de entre 1.500 y 1.9000 millones de euros.

FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

Por otro lado, la Comisión Europa ha subrayado que el mercado comunitario de fondos de inversión, a pesar de contar con un volumen de 14,3 billones de euros, no ha alcanzado todo su potencial porque "la mayoría de los activos están gestionados por fondos de inversión que provienen de sus mercados domésticos.

Bruselas calcula que el 70% de los activos son propiedad de fondos de inversión autorizados o registrados para la su distribución en el mercado doméstico. Además, sólo el 37% de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y el 3% de los fondos de inversión alternativa se registran para distribución en más de tres Estados miembros.

La propuesta del Ejecutivo comunitario pretende eliminar las barreras que existen para conseguir que la distribución de los fondos de inversión en toda la UE sea "más simple, rápida y barata". "Una mayor competencia dará a los inversores mayores posibilidades de elección y mejor valor, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección", ha destacado Bruselas en un comunicado.

En particular, el nuevo reglamento alinea los requisitos de venta nacionales y las tasas regulatorias, al mismo tiempo que armoniza las condiciones que se imponen a los fondos de inversión para salir del mercado nacional. Bruselas confía en que estas medidas ahorren 440 millones de euros al año en costes.

Por último, Bruselas ha propuesto normas para aclarar la base legal que es aplicable cuando un acreedor vende su derecho a reclamar una deuda a una tercera parte a cambio de liquidez. Esta práctica es utilizada por empresas para obtener efectivo y acceso al crédito, pero según la Comisión Europea, no hay certidumbre legal.

El Ejecutivo comunitario propone que, en disputas de naturaleza transfronteriza, la regla general sea aplicar la legislación del país en el que los acreedores tienen su residencia habitual aunque el caso sea examinado por el tribunal o las autoridades de otro Estado miembro.