La ponencia, propuesta inicialmente por el PSOE y aprobada en la Comisión de Economía, deberá analizar las regulaciones de terceros países sobre las criptomonedas y sus efectos reales, así como seguir su evolución y la emisión de estos productos por parte de Estados que las autoricen como moneda de curso legal o como representación de su divisa.

Además, recogerá datos sobre la situación actual y las tendencias de utilización de las criptomonedas, con el objetivo de elaborar un informe en el plazo de seis meses, prorrogable hasta doce, que posteriormente será sometido a la consideración de la comisión.

Por otro lado, la misma comisión, a propuesta del Partido Popular, ha instado al Gobierno a intensificar e impulsar políticas de educación financiera que faciliten a la población la comprensión de la realidad económica y de los productos financieros y bancarios.

En este sentido, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha planteado dos enmiendas, rechazadas, por las que pedía que el plan educativo se dirigiera también a los profesionales del sector bancario y fuese desarrollado por docentes y pedagogos y no por las entidades financieras, para asegurar la independencia de su contenido.