De este total, 5,5 millones de euros corresponden a sentencias en primera instancia, 3,5 en segunda instancia, y 342.000 euros en los procedimientos de única instancia.

En general, la actividad realizada en 2017 por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dado lugar al levantamiento de actas de liquidación por un total de 8,2 millones de euros, de los que 7,4 corresponden al importe principal y 0,8 a intereses legales.

Estas cantidades, resultado de las actas positivas de las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable, superan en un 24,24 por ciento a las registradas en 2016. Con respecto a ese año, el número de asuntos pendientes disminuyó en un 21,61 por ciento.

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, la Sección de Enjuiciamiento tramitó durante el pasado ejercicio, un total de 147 actuaciones previas, 201 diligencias preliminares y 16 acciones públicas.

De las 147 actuaciones previas tramitadas durante 2017, cabe señalar que 18 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, incluyendo la Seguridad Social; 48 al sector público autonómico y 81 al sector público local.

Como consecuencia de las actuaciones previas resueltas durante el pasado ejercicio, la Sección de Enjuiciamiento ha iniciado 218 procedimientos de responsabilidad contable.

En cuanto a la actividad de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas cabe señala que tramitó un total de 58 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios-, y resolvió 55; de estos 36 fueron sentencias y 19 autos.

Entre las sentencias más relevantes de las dictadas durante el pasado año, se encuentra la ratificada el 6 de junio de 2017 por la que se condena a un alcalde, un interventor y un tesorero de un pueblo de Asturias al pago de 132.095 euros por incumplimiento de sus deberes como custodios de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas ejerce, junto con la labor de fiscalización, la función de enjuiciamiento contable -de naturaleza jurisdiccional-, con la que tiene potestad de exigir responsabilidad económica a quienes gestionan o administran bienes o fondos públicos cuando de su labor se deriven daños sobre este patrimonio.

También puede actuar sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público, en esta actividad de enjuiciamiento contable que es compatible con la que, sobre los mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.