De esta forma, el gasto aproximado que se audita se limita al 9,4%, un porcentaje que disminuiría al 6% si no se tuviese en cuenta a Barcelona, ciudad que está obligada a hacerlo al emitir deuda en los mercados financieros. Así, los ayuntamientos que aportan un menor nivel de información son Madrid, Bilbao o Sevilla.

Por el contrario, las corporaciones de San Sebastián, Sagunto, Granollers, San Cugat del Vallés, Las Rozas, Tarrasa, Logroño, Valencia y Valladolid son las que menos información auditan de sus cuentas.

MADRID CUENTA CON LA PLANIFICACIÓN MÁS "DEFECTUOSA"

En cuanto a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid se encuentra en la peor posición, puesto que la información pública que aporta "no permite ni siquiera evaluar su situación real". Además, la planificación de las auditorías en esta región se encuentra entre las más "defectuosas".

Las Islas Baleares, Navarra, la Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco y Cataluña ocupan las primeras posiciones al aunar una supervisión de la mayor parte de su gasto público y presentar una planificación de sus auditorías más "sólida".

Por último, en los sectores público estatal, empresarial y fundacional, que están sometidos a una fiscalización de sus cuentas, el porcentaje de auditorías aumenta hasta el 91%, 90% y 88%, respectivamente.