Esta evaluación responde, por una parte, a que existe un registro de titularidad real de las empresas que las autoridades pueden consultar de forma abierta y que se encuentra alineado con las regulaciones de la Unión Europea. Así, los notarios pueden verificar la información cuando hay una actividad sospechosa, una actividad que solo es posible en España, Argentina e Italia, según el informe.

Por otro lado, resalta que los bancos están obligados a ofrecer datos sobre los titulares de las cuentas, incluso si se conoce que son beneficiarios finales de alguna empresa.

Sin embargo, Transparencia Internacional también apunta que en España "aún queda camino por recorrer", ya que el país no cuenta con un registro de fideicomisos, tal como lo exige la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales. Otro aspecto mejorable es que se elaboraron evaluaciones sobre los riesgos de lavado de dinero, pero no se publicaron los resultados.

En general, los resultados han mejorado respecto a los obtenidos en el año 2015, ya que 15 de los países del G20 tenían entonces un marco legal "débil o regular" para frenar la existencia y el funcionamiento de las sociedades opacas, una cifra que se ha reducido a once: Canadá, Corea del Sur, Australia, China, India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos y Holanda (país invitado).

Según el informe, "todavía existe mucha debilidad en el cumplimiento de los principios", ya que los países del G20 están trabajando en esta línea, pero los progresos son "muy lentos".

RECOMENDACIONES

Para avanzar en la lucha contra las sociedades ocapas, Transparencia Internacional ha recomendado que los gobiernos creen un registro central de beneficiarios finales, que debe estar disponible al público en formatos abiertos; que ofrezcan recursos y mecanismos para que exista al menos una verificación de la información de los propietarios efectivos o titulares reales, y que evalúen regularmente los riesgos de lavado de dinero, consultando a los actores interesados, incluyendo sujetos obligados y organizaciones de la sociedad civil, publicando en línea los resultados.

Por otra parte, ha propuesto que los gobiernos prohíban las figuras de accionistas nominados y que, en caso de que se permitan, exijan que se inscriban como nominados en el registro, y que también exijan el registro de los fideicomisos nacionales y extranjeros que operan en su país.

Asimismo, ha reclamado que las instituciones financieras y empresas y profesiones no financieras designadas impidan que se realicen transacciones si no es posible identificar al beneficiario final de su cliente.