En su primer encuentro con los medios de comunicación tras hacerse pública la propuesta de los expertos en el marco de la nueva Ley de cambio climático que el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera aprobar este año, el nuevo presidente de la asociación, Luis Aires, señaló que, "gracias a las inversiones realizadas por los sectores industriales", solo falta reducir 30 millones más de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año con el fin de cumplir el objetivo de 150 millones de CO2 anuales hasta 2030.

Durante las últimas semanas, la patronal ha estado redactando un informe, junto a KPMG, con el fin de dar una respuesta a las recomendaciones apuntadas por los expertos, en el que se recogen 89 medidas para alcanzar esa meta, de las que el 65% de ellas serían eficientes en términos de gasto y permitirían alcanzar la meta de reducir el 40% de emisiones de CO2 en España durante la próxima década.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD

En primer lugar, si bien el comité apunta a un escenario futuro en el que el precio de cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera se encuentre en un rango de entre 33 euros y 50 euros, según los cálculos de la AOP, el actual coste para el gasóleo ya se encuentra en los 200 euros por cada tonelada, lo que significaría "bajar el precio en vez de subirlo".

Por esta razón, Aires apuntó que "no se puede hacer chapuzas" en relación a la recomendación de los expertos de subir un 28% el precio del gasóleo o un 1,8% el de la gasolina. Según él, un mecanismo impositivo para aumentar los precios podría funcionar "si está bien diseñado", pero si no se hace junto a una política común con el resto de los países de la Unión Europea, España incurriría en una "falta de competitividad".

ENFOCAR LOS IMPUESTOS A LOS VEHÍCULOS ANTIGUOS

Ante estas propuestas, las petroleras defienden que el gravamen en términos de reducción de óxido de nitrógeno (NOx), el cual está relacionado con la mejora de la calidad del aire en las ciudades y no con el aumento de la temperatura global, se tiene que enfocar a los motores y no al combustible.

Debido a que un vehículo diesel actual emite un 85% menos de NOx y de partículas en suspensión que un coche fabricado hace diez años y a que la antigüedad media del parque automovilístico español es de 12 años, Aires señaló que 'rejuvenecer' esta flota supondría una reducción de entre el 30% y 50% de las emisiones de NOx.

Aún así, Aires no concretó la forma en la que se debería de introducir ese gravamen a los vehículos antiguos, aunque afirmó que "no tendría sentido" que lo asumieran los fabricantes, por lo que solo sería posible que el impuesto recayera sobre los consumidores, algo que tendrían que asumir las rentas más bajas, al mismo tiempo que no tendría en cuenta el consumo. Consciente de estos inconvenientes, Aires recalcó que el sector prefiere no introducir ningún impuesto y ceder el testigo a la innovación pero que, en caso de tener que aplicarlo, no debería recaer sobre los combustibles.

"SESGO ELÉCTRICO" DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS

En relación a que el déficit tarifario de las renovables se transfiera a otras fuentes de energía, como los derivados del petróleo, una de las recomendaciones incluida en la propuesta de los expertos, la patronal se mostró en "profundo desacuerdo" porque es "absurdo" que un sector tenga que pagar por los costes de los otros, algo que "va en contra de cualquier teoría económica".

Otra de las medidas polémicas propuesta por los expertos es que las petroleras paguen por las carreteras, ya que estas forman parte de las infraestructuras en las que se apoya el sector. Sin embargo, Aires apuntó que, de igual forma que las empresas gasistas costean los gasoductos, a las petroleras les corresponde hacerse cargo de los oleoductos y de las terminales, algo por lo que "ya pagan a través de la red de CLH".

Además, el presidente de la asociación sostuvo que las carreteras ayudan a vertebrar al país y que también las usan los coches eléctricos. Este último argumento le llevó a afirmar que la propuesta para la transición energética realizada por los expertos incurre en un "sesgo eléctrico" al contener medidas con "mucha inconsistencia".

"DESPILFARRO" DE DINERO PÚBLICO

En cuanto al ámbito de la movilidad sostenible, Aires se mostró "muy de acuerdo" con las propuestas de los expertos, que abogan por no hacer inversiones públicas cuyo coste no sea recuperable en el futuro.

En este sentido, la patronal de las petroleras insistió en que "se debería evitar las barbaridades que se están haciendo ahora", como las ayudas directas e indirectas a la compra de coches alternativos, que suponen, según Aires, unos incentivos de entre 600 euros y 1.000 euros por cada tonelada de CO2, algo "totalmente desproporcionado".

Por esta razón, el representante del sector afirmó que se está "despilfarrando" el dinero público y abogó por no limitar las ayudas a los coches eléctricos, sino extenderlas a cualquier otra tecnología que permita reducciones de emisiones, como los vehículos híbridos o de combustión interna.