La `montaña¿ total de deuda que acumulan las Administraciones Públicas jamás había sido mayor. Los últimos datos del Banco de España (BdE) la cifran en febrero en 1,158 billones de euros. En diciembre de 2007, es decir, justo antes de que la crisis mostrara toda su envergadura, se limitaba a 385.000 millones. Por el camino, el volumen ha engordado en 630.000 millones.

Es la consecuencia de los déficits públicos que España ha seguido arrastrando. Aunque el Gobierno fue capaz de rebajarlo al 3,1% en 2017 para cumplir con lo pactado con Bruselas, ese desajuste fue el mayor entre los países de la Unión Europea.

Por momentos, como en 2011 y, sobre todo, 2012, el incremento de la deuda se convirtió en un serio problema para España. El Tesoro Público afrontó unos intereses cada vez más altos y llegó a ponerse en duda su capacidad para seguir accediendo al mercado. Sólo el histórico compromiso del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en defensa del euro en julio de 2012 evitó que ese acceso se cerrara.

Desde entonces, las rebajas adicionales de los tipos de interés -en marzo de 2016 los oficiales bajaron al 0% y los de la facilidad de depósito, en negativo desde junio de 2014, descendieron al -0,40%-, las operaciones especiales de financiación bancaria a muy largo plazo y el Programa de Compra de Activos (APP, por sus siglas en inglés) lanzado en 2015 han restado `interés¿ a las subastas de deuda. El Tesoro ha emitido cuanto ha querido y a los rendimientos más reducidos de siempre. Actualmente, el tipo de interés medio de la deuda del Estado en circulación se limita al 2,55%, cuando en 2007 era del 4,5%. Y en los tres últimos años, el interés medio de la nueva deuda colocada cada ejercicio ha sido inferior al 1%, algo que nunca antes había ocurrido.

CAMBIO DE ESCENARIO

Este contexto ha propiciado que la 'montaña' de deuda pública haya seguido creciendo sin mayores tensiones. Pero este contexto apura ya sus últimos compases, algo que, inevitablemente, causará impacto en las condiciones de financiación para el Tesoro.

La primera novedad se vivirá este mismo año, en el que, salvo sorpresa, el BCE dejará ya de comprar deuda en el mercado. Por ahora, sigue dedicando 30.000 millones de euros mensuales a la adquisición de títulos, pero dejará de hacerlo a partir de octubre, como muy tarde, de enero de 2019. Si da este paso, los siguientes serán cuestión de tiempo. Durante el primer trimestre de 2019 empezaría a elevar los tipos de depósito y a finales del segundo comenzaría a aumentar los tipos oficiales.

Aunque en ningún caso se esperan cambios bruscos ni intensos, sí se traducirán en un encarecimiento de los costes de financiación. Y por pequeños que sean, tendrán impacto cuando, como le ocurre a España, se carga con tanta deuda y hay tanta por refinanciar. Aunque, sobre todo, toda esa carga financiera representa un mayor riesgo potencial en caso de un retorno de las tensiones a los mercados.

El Tesoro ha intentado protegerse de lo que pueda ocurrir en el futuro alargando la vida media de la deuda viva. Es decir, asegurándose de que puede 'olvidarse' de parte de su deuda durante más tiempo y de que está colocada a unos intereses muy bajos. Actualmente, esa vida media alcanza los 7,5 años, cuando en 2009 se encontraba en los 6,4 años.

El problema radica en que el volumen acumulado obligará a refinanciar cantidades altas en los próximos años, y buena parte de esa renovación, sobre todo la vinculada a letras del Tesoro y bonos hasta cinco años, se hará a unas peores condiciones. Durante los tres próximos años, esto es, un periodo en el que primero el BCE dejará de comprar deuda y luego subirá los intereses, el Tesoro afrontará la refinanciación de una cuarta parte de la deuda existente. Y sólo es un montante provisional, puesto que aún engordará más conforme el Tesoro siga emitiendo este año letras y bonos que vencerán en ese intervalo. A expensas de estos títulos que aumentarán más las cifras, los vencimientos de 2019 rondan ya los 114.000 millones de euros, los de 2020 alcanzan los 84.000 millones y los de 2021, los 66.000.

UNA `FACTURA¿ SUPERIOR A LOS 30.000 MILLONES

Estas cantidades tienen un coste. Y aunque los intereses sean los más bajos de la historia, como también hay más deuda que nunca, pues la `factura¿ de los intereses es alta. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en 2017 los gastos financieros derivados del pago de intereses ¿por contabilidad de caja- se situaron en los 30.324 millones.

Se trató del cuarto ejercicio consecutivo en el que la carga de la deuda se cobra más de 30.000 millones en intereses. En 2017, este peaje era inferior a los 15.000 millones. Para 2018, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen un gasto en intereses de 31.547 millones, aunque durante el primer trimestre los gastos financieros, según la IGAE, se redujeron un 8,6%, hasta los 7.343 millones, con lo que cabe la posibilidad de que este año la `factura¿ quede por debajo de los 30.000 millones.

Pero todo indica que será pasajero. Con el BCE pensando ya en cómo replegar los estímulos, la facturá irá a más en los próximos años por mucho que la institución monetaria vaya con calma. Si, por ejemplo, el coste medio de la deuda viva volviera al 3% en torno al que se movió en 2015 y 2016, es decir, antes de que el BCE descargara todo su arsenal, el gasto en intereses superaría ya los 35.000 millones de euros.