"Desde la óptica legislativa el cambio acelerado empujado por las nuevas tecnologías y por los modelos de negocio basados en las mismas supone, en primer lugar, un reto de adaptación tecnológica, pero también otro más fundamental: la regulación financiera tiene que adaptarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos de política pública", expone el documento sacado a consulta. Y añade para completar su exposición: "Se trata de asegurar que la transformación digital no afecte en modo alguno al nivel de protección al consumidor de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni facilite de ningún modo la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".
El documento estará a consulta pública en el Tesoro hasta el 7 de junio. Con este 'sandbox' o campo de pruebas regulatorio, el Ejecutivo pretende ir creando el marco normativo que conjugue el desarrollo tecnológico de la industria financiera sin que se produzca en un vacío legal.
Según se detalla, el proyecto lanzado a consulta persigue nueve objetivos: preservar la eficacia de la política financiera mediante una transición digital ordenada, aumentar el marco de protección de la clientela de servicios financieros, ampliar las herramientas de que disponen los supervisores para el cumplimiento de sus funciones, facilitar la innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros, contribuir a la modernización de la economía española en el contexto de la globalización digital, facilitar el aprovechamiento de economías de escala y promover la mayor eficiencia en las entidades financieras, garantizar la igualdad de trato en la prestación de servicios financieros, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la integración del sector financiero en la sociedad.
Con esta iniciativa del ministerio comandado por Román Escolano, España se suma al grupo de países que sí apoya la creación del 'sandbox' para ir marcando el camino legal al desarrollo del mundo 'fintech'. De este modo, atiende las peticiones del propio sector 'fintech' y de la Asociación Española de Banca (AEB), que también lo venía reclamando, aunque se sale de las recomendaciones de otros organismos como la Asociación Bancaria Europea (EBA) o las autoridades europeas, reacias al 'sandbox' y más partidarias de códigos de buenas prácticas o de conducta.