Las intenciones de Sánchez en el ámbito tributario pueden encontrarse tanto en programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones de 2016, así como en algún documento de Ferraz, amén de las manifestaciones verbales que han realizado sus dirigentes.

No parece descabellado pensar que un gobierno socialista, con el permiso de los cinco partidos que le han apoyado, revisará la política fiscal.

En primer lugar, según ha manifestado en reiteradas ocasiones Sánchez, sus pretensiones pasan por crear un nuevo impuesto a las entidades financieras para recaudar hasta 1.000 millones anuales y reducir así el déficit de la Seguridad Social. Esta iniciativa se une a la de implantar otro tributo, que grave las transacciones financieras.

Es conocida también su idea de endurecer el régimen fiscal a las Sicav, mediante el establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; y la dotación a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las Sicav.

Tampoco pasarían desapercibidas las entidades de tenencia de valores extranjeros, que a juicio del PSOE ¿se han convertido en una fuente de elusión fiscal importante¿.

Guiño a los emprendedores. El programa socialista propone también cambiar el sistema de pago de impuestos por la actividad económica de las personas emprendedoras, haciendo que se ajuste a los ingresos realmente percibidos. El objetivo es facilitar el inicio de la actividad y responder mejor a las situaciones de crisis del negocio. Para ello, pretendían un sistema de retención más vinculado al nivel de ingresos que perciben, disminuyendo el tipo de retención en tramos de ingresos más bajos.

Una reforma fiscal ecológica. La fiscalidad del sector energético, dicen, se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden. ¿Poner un precio al carbono es imprescindible para orientar las señales de inversión, pero ni resulta por sí solo suficiente ni el mercado europeo de derechos de emisión cubre de forma completa y homogénea esta función¿.

Dentro del capítulo de fiscalidad ambiental, proponen la creación de nuevas figuras tributarias: impuesto sobre las emisiones de CO2 que se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; impuesto sobre los óxidos nitrosos; impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas;

Además, se reformarán los siguientes tributos: Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; Impuesto Especial sobre la Electricidad y Canon de vertidos.

Más recaudación sin tocar las rentas medias ni bajas. Otro de sus objetivos es incrementar la recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores.

Reformar la tributación de la riqueza para acabar con la actual descoordinación entre el IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Patrimonio e Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ¿impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma justa al sostenimiento de los gastos públicos¿.

Establecer, mediante legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio.

Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisaremos las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entretanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.

Establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social.

Objetivo: Unión fiscal europea. La lucha contra el fraude y la elusión fiscal a escala europea para una mayor armonización fiscal y establecimiento de tributos europeos.