Así se desprende del estudio 'Economía sumergida y fraude fiscal en España', elaborado y publicado por Funcas, en el que recopila datos de una decena de estudios sobre la economía sumergida en España en comparación con otros países, y estima un rango de entre el 18,5% y el 24,5% del PIB.
El estudio de Funcas concluye que la economía sumergida en España aumentó tendencialmente en los años ochenta y la primera mitad de los años noventa, en paralelo a la normalización en la presión fiscal de España en el concierto internacional.
A partir de entonces, subraya que la práctica totalidad de los estudios sitúan la economía sumergida española por encima de la media de los países de la OCDE y la UE-15.
Asimismo, señala que el nivel de presión fiscal de largo plazo de España está relativamente alejado del de los socios comunitarios, y muy alejado del de los países del norte de Europa, como Dinamarca, constatando un "cierto desajuste" entre el nivel de presión fiscal con las demandas de gasto público de los ciudadanos.
En este sentido, apunta que el nivel de gasto público no financiero incluyendo la Seguridad Social es del 41%, según datos de la OCDE, frente a una recaudación real sobre el PIB del 33% y una recaudación potencial del 41%. Por consiguiente, combinando ambos porcentajes, concluye que la recaudación real sobre la potencial es del 80%, lo que supone una brecha fiscal del 20%.
EXTREMADURA, LA REGIÓN CON MÁS ECONOMÍA SUMERGIDA
Por comunidades autónomas, el informe muestra que las regiones con un mayor porcentaje de economía sumergida en el año 2012, último ejercicio con datos disponibles, eran Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%), Castilla-La Mancha (27,2%) y Canarias (26,1%), seguidas de la Comunidad Valenciana (24,8%), Castilla y León (24,7%), Murcia (24,6%) y Asturias (24,3%).
A continuación se situarían Galicia (23,9%), Baleares (23,2%), Cataluña (23%), La Rioja (22,6%), Aragón (20,8%) y Cantabria (20,6%), mientras que, a distancia, las regiones que presentan un menor nivel de economía opaca son Navarra (18%), País Vasco (17%) y la Comunidad de Madrid (16,2%), según las estimaciones.