La suma de nuevos impuestos a la banca, empresas tecnológicas, la reforma del Impuesto sobre Sociedades y la fiscalidad verde mejorarían los ingresos tributarios en 6.200 millones, según los cálculos de sus promotores. Esta recaudación, en el caso de que toda pudiera aplicarse en 2019, cuestión que parece improbable, equivaldría a un tercio del déficit sufrido por la Seguridad Social en cada uno de los dos últimos ejercicios, en los que el 'agujero' ha superado los 18.000 millones de euros. Porque reforzar los ingresos de la Seguridad Social y la financiación de las pensiones es el principal objetivo de la iniciativa fiscal pretendida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además, la creación de nuevos impuestos como el de la banca tendría serias dificultades para ser aprobado en 2019, según comentan los técnicos de Hacienda. ¿Un impuesto no se aprueba por decreto ley, sino que debe negociarse en el Parlamento y convertirse en una ley. Por tanto, a la vista de las mayorías parlamentarias si la ley necesita la aprobación de las dos Cámaras, su tramitación de prolongaría 'sine die'¿, indican.
LOS NUEVOS IMPUESTOS, UNO A UNO
El PSOE, antes de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, había dado ya detalles de estas propuestas en dos documentos. Por un lado, en su apuesta por el sistema público de pensiones y, por otro, en su alternativa presupuestaria para 2018.
El mayor impacto lo tendría la reforma del Impuesto sobre Sociedades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado a decir, en declaraciones a la 'Cadena Ser', que el objetivo es evitar la arquitectura de las deducciones que hace que las grandes empresas reduzcan mucho el tipo por el que tributan. Por eso, el Gobierno plantea un tipo mínimo del 15% a partir del cual las empresas no puedan efectuarse deducciones.
En el documento que presentaron con motivo de los Presupuestos, ofrecieron más detalles: los grupos económicos declaran resultados contables positivos por 96.000 millones de euros (Informe anual de recaudación tributaria, Agencia Tributaria), de los cuales, si se descuentan las operaciones exentas por estar sometidas a gravamen en el exterior, quedan 77.000 millones. Sin embargo, a causa de todo tipo de ajustes extracontables e incentivos, ingresan a la Hacienda española tan solo 6.800 millones, el 8,8% de la cifra anterior. Por ello, consideraban como una posibilidad plenamente viable un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable. En dicho documento, creían necesario reconsiderar la exención de plusvalías interiores y exenciones por doble imposición. Todo ello, más la revisión de algunos incentivos y otras medidas elevaría los ingresos en 4.000 millones.
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), José Ignacio Alemany, se ha mostrado contrario a tal iniciativa al considerar que el resultado contable no puede ser la base imponible puesto que el sujeto pasivo tiene que contribuir en función de su capacidad económica.
En segundo lugar, estaría el impuesto extraordinario sobre la banca, con el que recaudarían entre 800 y 1.000 millones de euros. En la alternativa presupuestaria socialista se señalaba que como la banca fue rescatada por todos los españoles, ¿ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema de Seguridad Social¿.
Otra de las figuras tributarias que quiere implantar el Gobierno, sería un impuesto sobre determinados servicios digitales, y que ha pasado a llamarse tasa google.
El secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, recuerda que el Gobierno del PP incluyó una previsión de ingresos de 600 millones en 2018, en el plan de estabilidad que remitió a Bruselas a finales de abril, por este concepto. En la página 43 de este plan de estabilidad se dice: ¿Las previsiones para los años 2018 y 2019 incorporan el impacto de nuevas figuras tributarias (¿). Así se analizará la creación en 2018 de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que permitirá obtener una recaudación adicional de unos 600 millones de euros anuales¿.
La titular de Hacienda también se ha referido a la fiscalidad 'verde', para indicar que el objetivo pasa por implantar una política disuasoria de conductas contrarias al Medio Ambiente, introduciendo por ejemplo gravámenes añadidos a productos contaminantes. Los socialistas estimaron que la equiparación fiscal de diésel y gasolina reportaría 600 millones al año.