Calviño no ve urgente la decisión de la privatización de Bankia

Así lo ha señalado Calviño durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Empresa del Congreso para informar sobre las líneas generales de su departamento, en la que ha sido preguntada por la mayoría de los grupos sobre la privatización de Bankia, cuya fecha límite es el 31 de diciembre de 2019.

Calviño ha subrayado que la entidad está "bien gestionada" con arreglo a los criterios y los grados de eficiencia "normales", y presenta unos resultados "más que correctos", por lo que ha indicado que desde el Gobierno no ven "la urgencia, a la luz de la cotización en el mercado, de tomar una decisión".

En este sentido, ha recalcado que "queda tiempo", y ha defendido que "más que correr, lo importante es maximizar la recuperación de ayudas de los contribuyentes". Según Calviño, ese debe ser el objetivo final del proceso.

El FROB vendió el pasado 12 de diciembre un 7% de Bankia por un importe total de 818,30 millones de euros, a razón de 4,06 euros por título, con lo que situó su participación indirecta en la entidad en el 60,63%. El primer paquete se colocó en febrero de 2014, cuando el FROB vendió entre inversores institucionales una participación del 7,5% del banco por un importe ligeramente superior a 1.300 millones de euros.

Sobre la reestructuración del sector financiero, Calviño ha indicado que se ha abordado una "reforma en profundidad" en los últimos años y que se ha acometido un proceso de saneamiento de los balances bancarios que todavía está en curso.

"Es un proceso positivo de desapalancamiento", ha enfatizado Calviño, quien, preguntada por un posible exceso de concentración en el sector, ha opinado que "no hay poca prestación de servicios bancarios, la capilaridad de oficinas ha sido enorme y a ello se suma la extensión de los servicios por Internet".

Precisamente ha detallado que el pasado viernes se abrió la fase de audiencia pública para la orden ministerial del Reglamento de Desarrollo del real decreto-ley de Cuentas de pago básicas y también la consulta pública para el real decreto que regulará el acceso para el colectivo más desfavorecido.