El fallo del TC, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a raíz de un recurso presentado por el PSOE, declara inconstitucionales y nulas varias disposiciones del Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 2013 sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
En concreto, la disposición final primera, ahora anulada por el TC, establecía que aunque el solicitante careciera de rentas personales, en caso de tener cónyuge y/o hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos "únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias".
El Constitucional ha anulado esta disposición, si bien su decisión se basa en la incorrecta utilización por parte del Gobierno del PP de la fórmula del Decreto Ley.
La sentencia no estima en su totalidad el recurso presentado por el PSOE, aunque sí parcialmente para determinadas disposiciones de la norma.
El fallo consta de un voto particular de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer en el que defienden que debía haberse estimado íntegramente el recurso de inconstitucionalidad porque el Gobierno no aportó una justificación suficiente que le habilitara para el uso de la legislación de urgencia, una consideración que entienden válida para todos los preceptos de la norma y no sólo aplicable a determinadas disposiciones.
UGT CELEBRA EL FALLO
UGT ha difundido este martes un comunicado en el que se felicita por esta sentencia, ya que el requisito de rentas que estableció la ley excluía del subsidio "a miles de desempleados mayores de 55 años". "La norma imponía una desmesurada carencia de rentas familiares para poder percibir el subsidio", sostiene el sindicato.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha denunciado que esta disposición legal dejaba fuera del subsidio a miles de trabajadores mayores de 55 años que tenían a su cónyuge o un hijo trabajando, aunque su salario fuera muy reducido.
"La sentencia da una respuesta contundente a este colectivo, que son los más damnificados por la reforma laboral y por los recortes del Gobierno del PP", ha señalado Barrera, que ha recordado que antes de 2012 a estos subsidios podían acceder los mayores de 52 años (la edad se subió a 55) y sólo se computaban los ingresos del solicitante de la ayuda.
Así pues, UGT pone como ejemplo que en una unidad familiar compuesta por una persona desempleada y su cónyuge, con la disposición ahora anulada se perdía el derecho al subsidio si los ingresos de esa unidad familiar sobrepasaban los 1.060 euros mensuales aproximadamente.
UGT ha recordado que el objetivo de este subsidio, que se estableció hace décadas, es el de proporcionar una ayuda a los trabajadores mayores ante la dificultad de que las empresas les contraten.
El sindicato ha pedido además que la edad de acceso para la percepción del subsidio vuelva a situarse en 52 años y no en 55; subir al 125% del SMI la cotización a la Seguridad Social, tal y como era antes de la reforma del PP; y eliminar la jubilación forzosa a los 61 años para los desempleados que cobran este subsidio "porque cercena aún más su pensión".
De los 3,4 millones de parados registrados en 2017, el 23%, uno de cada cuatro, tiene más de 55 años y 240.605 desempleados mayores de 55 años están fuera de cualquier sistema de protección, ya sea contributiva, asistencial u otras ayudas, argumenta UGT.