En un auto conocido este jueves, la magistrada percibe "indicios suficientes" para sentar en el banquillo por supuesta administración desleal y blanqueo a los procesados que habrían causado un supuesto perjuicio de 750 millones de euros, entre los que también se encuentran el ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo y el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra.

La titular del juzgado central de Instrucción número tres relata que entre 2005 y 2009 estos, como "financiadores", favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch, -igualmente en la causa- promotores de un proyecto que requirió de inversiones muy diversas y de "enorme magnitud económica".

La magistrada enfatiza el papel activo de Olivas en esta trama en tanto que no sólo conocía sino que alentaba los desembolsos a los tres hoteleros, quienes, añade, pagaron al expresidente de Bancaja -que el próximo noviembre será juzgado por las salida a bolsa de Bankia, de la que fue vicepresidente- hasta catorce viajes a Cuba por motivos de ocio.

Adopta así el criterio de la Fiscalía, que cargaba además contra integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón-Piedras Bolas en Baja California, Vinoramas, en la Riviera Maya, así como en la refinanciación de la deuda del grupo.

Entre las operaciones sospechosas, Lamela resalta el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron trasferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo y en la que estarían envueltos tanto Izquierdo como Parra.

"En todas se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco", prosigue la juez, que alude a los informes de los peritos cedidos por el Banco de España en los que se han constatado múltiples irregularidades, ausencia de racionalidad en las inversiones y un "quebranto económico del 100 %", por importe de 750 millones de euros.

A petición de la Fiscalía, que ahora tendrá diez días para remitir su escrito al igual que el resto de las partes, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de otras nueve personas.

La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009, que le pudieron ocasionar un "menoscabo patrimonial" al tener que provisionar "una parte muy importante" de esos préstamos.

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