Durante el balance de gestión de su Gobierno, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha explicado que al regularizar y legalizar la situación a estos falsos autónomos lograrán más derechos y cobertura, gracias a "un trabajo digno del que se ven privados por el mal uso de esta figura".
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo explica que el objetivo es garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General para aquellos supuestos que la Inspección de Trabajo detecte que están encuadrados de forma irregular en el Régimen de Autónomos, cuando en realidad realizan una actividad por cuenta ajena.
En la actualidad, una vez detectado el falso autónomo, la Inspección de Trabajo inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social a que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General.
No obstante, las empresas afectadas -o, en su caso, los trabajadores- tramitan la baja del empleado, "lo que distorsionaba el procedimiento".
Con la aprobación de este real decreto que modifica la normativa de la Seguridad Social, serán preceptivos los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haber tramitado el alta de oficio.
Asimismo y mientras se desarrolla el procedimiento, las bajas o variaciones de datos formuladas por empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar.
SUBSIDIO PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN
El presidente ha dicho también que el Consejo de Ministros ha aprobado otro real decreto para permitir que aquellas personas que tenían concedido el subsidio de 430 euros del extinto Plan de Activación para el Empleo y que habían suspendido su cobro, puedan recuperarlo.
Se trata, ha dicho Sánchez, de un colectivo de desempleados (el 65% de ellos, mujeres) que se encuentran en una situación "especialmente vulnerable", ya que han agotado todo tipo de ayudas y que tienen responsabilidades familiares.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, podrían beneficiarse de esta modificación de la normativa del PAE hasta 41.000 desempleados de larga duración y su coste podría alcanzar los 53 millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos.
Este colectivo, tras finalizar la vigencia del PAE, el pasado 30 de abril, no podía retomar esta prestación que tenían concedida y que habían dejado en suspenso (por encontrar un empleo, por ejemplo) y tampoco acceder al nuevo subsidio extraordinario que se aprobó en los Presupuestos por incompatibilidad.
FONDOS PARA LAS AUTONOMÍAS
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de 71,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo, importe que se suma a los 2.055,1 millones ya aprobados este año.
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo ha comunicado que estas cantidades, repartidas en la Conferencia Sectorial de Empleo del pasado 25 de julio, se destinarán a financiar la formación profesional para el empleo, incluidos en el eje de Formación.
Estos 71,3 millones de euros se suman a los 2.055,1 millones de euros que van con cargo a los presupuestos del SEPE y del Ministerio de Trabajo.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, trata de hacer así efectiva la viabilidad jurídica de la norma para agilizar la distribución de los créditos procedentes de los presupuestos para políticas activas de empleo a las regiones.
De esta manera se facilita el proceso para que cada región pueda poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, celebrada el pasado 17 de abril.
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