El tercer informe de valoración de Deloitte era uno de los más esperados por los afectados por la resolución del banco, ya que si el documento determinaba que habrían recibido una `compensación mejor¿ con un proceso de insolvencia al uso, en vez de la resolución, la JUR tendría que compensarles.

Pero las esperanzas han quedado en nada después de que la JUR haya hecho público, con los correspondientes `tachones¿ de las partes confidenciales, este tercer informe, en el que Deloitte basa sus estimaciones en tres escenarios diferentes de 18 meses, 3 años y 7 años. Deloitte realiza analiza aspectos como los activos del banco resuelto o sus fiilales, explicando que la liquidación del Popular habría afectado también a Banco Pastor, a Popular Banca Privada y a Banco Popular Portugal, además de a empleados y, también, a depositantes. En concreto, considera que una insolvencia ordinaria habría generado la salida de entre 1.800 y 2.200 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos para evitar que los depositantes perdieran su capital. Los clientes de Banco Popular con depósitos de más de 100.000 euros habrían perdido en el escenario más desfavorable 14.000 millones de euros, según el informe de Deloitte.

En su comunicado, el organismo presidido por Elke König resalta que, según el documento de Deloitte, la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario en junio de 2017 "habría resultado en una liquidación no planificada" que "hubiera destruido valor 'per se'". Entre los motivos que cita están un cese "abrupto" de la actividad de negocio, la pérdida de clientela, un proceso "ineficiente" de realización de activos y reclamaciones y costes adicionales "a menudo significativos".

En general, el informe 'Valuation 3' llega a la conclusión de que, en los procedimientos de insolvencia normales, las pérdidas habrían sido mayores que las que asumieron los afectados en la resolución. En el escenario de más corto plazo (18 meses) para vender activos dentro de un proceso de liquidación, la firma calcula que la operación podría haber costado entre 28.200 millones de euros y alcanzar los 34.100 millones. Para tres años, rebaja la cifra a entre 26.000 y 31.700 millones de euros, mientras que si el proceso hubiese durado 7 años, el coste habría podido alcanzar los 28.700 millones de euros.

En los tres casos analizados, la consultora considera que los accionistas y bonistas del Popular que perdieron 11.400 millones de euros no habrían recuperado su inversión, por lo que ese coste de la insolvencia al uso habría resultado en un final peor que la propia resolución. Así, la JUR asegura que, tras la valoración del informe, ¿no tiene la intención de pagar una compensación a los antiguos accionistas y acreedores del banco cuyos intereses se vieron afectados por la decisión de resolución¿.

Sin embargo, explican que el Single Resolution Board debe tomar todavía una decisión final. Y hasta entonces, mantienen abierto el procedimiento denominado `Derecho a ser escuchado¿, por el que los afectados que lo deseen pueden presentar comentarios por escrito para demostrar que lo son (con comprobantes de las acciones o la deuda que mantenían del Popular). Este proceso permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre a las 12.00 del mediodía (horario de Bruselas).

Entonces, se abrirá una segunda fase en la que los afectados considerados como tal en la primera podrán expresar por escrito sus puntos de vista sobre la decisión preliminar del SRB, a través de una plataforma electrónica específicamente creada para ello. ¿Todos los comentarios proporcionados en la segunda fase serán debidamente evaluados y tomados en cuenta cuando se prepare la decisión final del SRB sobre si se debe otorgar una compensación¿, explica la JUR en su comunicado.

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