En concreto, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) condenó a España en mayo de 2017 al pago de 128 millones de euros más intereses por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas termosolares instaladas por el fondo británico Eiser Infrastructure.
Además, en junio de este año España perdió otro arbitraje en renovables que reconoció el pago de 112 millones de euros a fondos de Antin.
Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, España aún no ha dado cumplimiento de forma voluntaria a los citados laudos del Ciadi -que no admiten recurso- algo que señalan que no es habitual en los países de Europa Occidental.
Ante esta situación, ambos fondos han optado por acudir a EEUU para lograr que se ejecuten dichos laudos, según ha avanzado hoy El País, un proceso que podría durar entre 10 y 12 meses como máximo, según han apuntado las mismas fuentes, que indican que contra la sentencia que dicte el juez del Estado de Washington no cabe recurso.
En este sentido, han explicado que los interesados pueden optar por distintas jurisdicciones para ejecutar los citados laudos del Ciadi, organización dependiente del Banco Mundial.
A la hora de optar por EEUU se evitan las implicaciones que puede acarrear el derecho comunitario, se busca un Estado en el que hay certeza de que existen bienes que se pueden embargar a España y se da cumplimiento al convenio de Washington, han agregado.
Para ejecutar los citados laudos en EEUU, Antin y Eisder cuentan con el asesoramiento legal de un bufete americano, mientras que para el proceso de arbitraje ante el Ciadi estuvieron asesorados por el despacho Allen & Overy.
Actualmente, se estima que hay cerca de 32 procesos abiertos contra España por el recorte de las primas en el sector de las energías renovables que afecta a la fotovoltaica, la termosolar y la eólica.
Además, cabe destacar que en mayo de este año el Ciadi también obligó a España a pagar 64,5 millones de euros a la empresa Masdar, de Abu Dabi, por el recorte de las primas a las energías renovables.
Según señaló en una reciente entrevista con EFE, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calculó que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables superan los 8.000 millones de euros.
Este hecho ha convertido a España "en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente", según afirmó Ribera, que agregó que estas reclamaciones ponen de manifiesto que, "cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, la factura puede salir más cara que la que pretende evitar".
Según señalan fuentes jurídicas, las reclamaciones por los recortes a las renovables hacían referencia a las medidas acordadas por el Ministerio de Industria que dirigía Miguel Sebastián, así como a las posteriores políticas del PP.